Martha Vásquez
La participación de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, como miembro del Tribunal Arbitral que dirime el litigio entre socios de la empresa Sacos de Nicaragua, SA, es calificada como antijurídica y antiética por juristas.
“La magistrada Ramos en virtud del cargo que ocupa debió inhibirse de ser árbitro, por razones éticas y profesionales, y nombrar a otro”, dijo el exmagistrado Alfonso Dávila.
Ramos a través de un comunicado oficial justificó su participación como árbitro, argumentando que fue a petición de las partes (Wei Dou Hwang y Lucrecia Seas) que aceptó el arbitraje, ya que así lo contemplan los estatutos de la sociedad.
Para el abogado y docente Alejandro Castillo, esta razón no es suficiente porque contraviene con ley expresa, en especial con el Artículo 40, numeral 2 y 7 de la Ley de Mediación y Arbitraje que inhibe a los funcionarios públicos, electos por la Asamblea Nacional, por disposición constitucional a ser árbitros.
“Como magistrada le es diametralmente opuesta la jurisdicción de juzgar con la de ejercer el cargo de árbitro entre particulares. Debió inhibirse por sí y ante sí”, recalcó Castillo.
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