Elízabeth Romero
El expresidente de la Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional, José Pallais, criticó que el gobierno inconstitucional de Daniel Ortega siga ignorando la Ley Contra el Crimen Organizado que está vigente.
Con esta decisión de la judicial de Rivas será beneficiado solo un sector y quedarían por fuera el Ministerio Público, el Sistema Penitenciario Nacional y Ministerio de Salud, entre otros.
[/doap_box]
Pallais reaccionó a la resolución de la juez suplente de Distrito Penal de Audiencias de Rivas, Lucía Flores Centeno, que violentando la ley ordenó a la Policía abrir una cuenta en euros, otra en dólares y una tercera en moneda nacional para depositar a favor de la Corte Suprema de Justicia (CJS) un monto de 20,210 euros, más 107 mil córdobas y cerca de 87 mil dólares, que le fueron ocupados a Mayra Martínez Cabezas, conocida como “La Reina del Sur”
“Esto ya raya en el irrespeto total y absoluto al Estado de derecho porque hay una ley que está vigente, que mandata que opere la Unidad de Bienes Incautados”, sostuvo Pallais, uno de los impulsores de la ley.
El legislador dijo que bajo la excusa de que la unidad no ha sido creada por el Ministerio de Hacienda, los judiciales no están respetando la ley.
Además Pallais señaló que no encuentra sentido a este tipo de disposiciones, cuando la ley permite, ya sea al presidente de la República, o al Ministerio de Hacienda decidir el destinatario de esos bienes. Sin embargo, aclaró que debe ser esa institución la que lo autorice y la CSJ.
“Si pudiendo hacerlo, si no hay ningún impedimento para que los recursos vayan al poder judicial y no se hace por la vía legal, entonces no encuentro yo la justificación para seguirlo haciendo por la vía de hecho”, sostuvo Pallais.
La única explicación lógica que encontró es “que se desee” mantener la falta de transparencia y la falta de seguimiento contable legal de esos recursos, “que el objetivo sea que estos recursos no pasen al Presupuesto General de la República (…) que estos recursos no pasen a ser controlados”.