Por: Moisés Martínez
Hace cinco años, Caja Rural Nacional (Caruna) era poco menos que una desconocida. Esta cooperativa, con 18 años de existir, solo contaba para entonces con una pequeña sede ubicada en el barrio Monseñor Lezcano. Funcionaba como una pequeña financiera que prestaba a sus asociados. Pero desde que dejaron ser Caruna, para llamarse Alba Caruna, su suerte ha cambiado radicalmente.
Esta cooperativa de ahorro y crédito que inició con 18 asociados, es ahora la “caja chica” en donde se deposita el 25 por ciento de la factura petrolera de Nicaragua, en el marco de los acuerdos de la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba) firmados entre el presidente Daniel Ortega y el mandatario venezolano Hugo Chávez Frías en 2007.
Del otro 25 por ciento, que supuestamente es canalizado por Albanisa para ser ejecutado por el gobierno orteguista para proyectos sociales (según el acuerdo Alba), no se sabe nada. Y muchos de los programas clientelistas ejecutados por la administración orteguista son financiados por medio de créditos de Alba Caruna.
Datos oficiales establecen que hasta el año pasado, Caruna ha tenido entre sus manos 395 millones de dólares. Esto la ha venido a convertir en un peso pesado del escenario financiero de Nicaragua, el “gran prestamista” del Estado.
El economista independiente Adolfo Acevedo es de las voces convencidas de que la deuda contraída por Caruna no es privada. Incluso, ha llamado la atención sobre algunos desembolsos sin soportes hechos desde el mismo Presupuesto General de la República.
El economista, al igual que otros especialistas y políticos opositores, estima que en Nicaragua podríamos estar frente a una especie de lavado de la deuda producto del acuerdo petrolero venezolano. (Ver infografía).
“El principal problema aquí radica en la falta de transparencia. La falta de transparencia viene del hecho de que vos querés ocultar algo. Podríamos estar ante un modelo en el cual de forma indirecta estamos convirtiendo estas deudas privadas con Venezuela en deuda pública por medio de los préstamos de Alba Caruna, pero estas especulaciones no existirían si hubiese transparencia”, anotó Acevedo.
LA CONVERSIÓN DE LA DEUDA
Lo primero que hay que entender es que Nicaragua debe pagar cada centavo del petróleo venezolano que recibe. No es donación. Los acuerdos Alba establecen que el 50 por ciento de la factura se paga en un plazo no mayor de 90 días, otro 25 por ciento lo administra Alba Caruna y el restante 25 por ciento Albanisa para programas sociales. Este monto se cancelará en 17 a 25 años, en dependencia de los precios internacionales del petróleo, con un tasa de interés del dos por ciento sobre el total de la deuda. Esa es la concesionalidad del Alba. La gran duda es ¿quién pagará ese dinero que se gasta de manera privada, pero se teme que se cargue al final como deuda pública?
El esquema planteado por especialistas y opositores políticos sobre el lavado de los préstamos de Caruna al Estado funcionaría así: la suciedad, por llamarla de alguna manera, que se le está quitando a la deuda es el concepto de “deuda privada”, argumento con el cual los personeros del Gobierno rechazan los señalamientos referidos a la gestación de una gigantesca deuda externa con Venezuela.
La “deuda privada” de Caruna es con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la estatal venezolana suplidora de combustibles en el marco del Alba. Pero esta deuda estaría siendo “limpiada” por medio de los pagos del Estado, ya sea por medio de los recursos de las alcaldías, entes autónomos o vía Presupuesto General de la República. Esto sin olvidar que los recursos originales con los que Caruna brinda dichos préstamos surgen de la factura petrolera que pagan todos los nicaragüenses al echar combustible a sus vehículos.
Para el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, estos argumentos son insustanciales debido a que existe un proceso claro sobre cómo el Estado adquiere una deuda pública, establecido por medio de la Ley de Endeudamiento (Ver entrevista).
DESEMBOLSOS SIN SOPORTE
Uno de los puntos que llaman la atención de Acevedo es que sin que se den las explicaciones establecidas por la Ley de Régimen Presupuestario, ya se están estableciendo enormes partidas de los recursos del Estado para pagos de deudas de las que no se tiene información sobre cuándo se adquirieron.
Un ejemplo de esto son los 788 millones de córdobas incluidos en el presupuesto 2012 denominados “deudas contingentes”. La reforma a dicho presupuesto estableció que de dicha partida se pagarían el subsidio a la tarifa de energía eléctrica y el aporte para el Banco del Alba.
“El recién nombrado Ministro de Hacienda (Iván Acosta) dijo que ambas partidas saldrían de un “fondo de contingencias”, intentando confundir la partida presupuestaria para imprevistos con esta partida para deudas contingentes. Pero como cualquiera sabe, nada que tiene que ver un fondo para contingentes, que una partida destinada a pagar deudas contingentes”, señaló Acevedo.
“En los componentes de deuda interna establecidos en el Presupuesto 2012, el tercer componente es el de los 788.2 millones de córdobas destinados a sentencias judiciales y otras deudas contingentes. ¿A qué deudas contingentes se refiere esto? ¿A qué entidad, empresa o entidad corresponde esa deuda? ¿Cuándo se autorizó que esa deuda fuese garantizada por el Estado? ¿Por qué se incluye esta partida global sin ningún detalle y sin ninguna explicación? Este monto es enorme, superior a la suma de los montos totales asignados al Marena y a Mifamilia juntos”, agregó.
BLINDAJE AGRIETADO
El famoso blindaje jurídico del cual se enorgullece la oposición política para frenar cualquier posible cobro de la deuda petrolera por parte de Venezuela es tan frágil como una madera carcomida por termitas. Dicha protección es la resolución de la Asamblea Nacional del 3 de noviembre de 2009, la cual estableció que pese a la aprobación de los acuerdos marcos referidos a la cooperación energética con Venezuela y la iniciativa denominada como Petrocaribe, no se reconocería ninguna deuda con el país sudamericano que no sea aprobado por el plenario.
“Se tiene que definir el estatus legal de esta deuda. El problema es que los diputados de la oposición son cómplices, por eso se quedan callados. Ellos aprobaron el acuerdo energético y este es un acuerdo internacional, un instrumento jurídico válido que deja clara la obligación de Nicaragua”, expresó Acevedo.
NO TIENE QUE ESTAR EN PRESUPUESTO
Para el especialista tributario Julio Francisco Báez —quien también es un firme convencido de que la deuda con Venezuela es pública— existe una falsa creencia entre legisladores y en otros ámbitos de la vida nacional, de que todos los ingresos del sector público deben incorporarse como parte del ingreso consignado en la Ley Anual del Presupuesto General de la República.
Báez señaló que el artículo 15 de la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario (Ley 550), es claro en advertir que existen varios tipos de presupuestos. El más importante es el Presupuesto Anual de la República, sin perjuicio de la existencia de otros presupuestos entre los que destacan el de entidades descentralizadas, municipios, o empresas e instituciones financieras del Estado. Todos estos presupuestos están detallados en el artículo 15 y conforman el Presupuesto Consolidado del Sector Público.
“Una cosa es que la deuda venezolana deba ser incorporada en el Presupuesto Anual de la República a título indicativo y por elemental transparencia, sujeta al estricto control que el órgano legislativo debe realizar según lo ordena la Ley, y otra muy diferente es que mecánicamente se quiera integrar al presupuesto de ingresos del año correspondiente, ya que no es por obra y gracia de ningún diputado que todo ingreso derivado de algún presupuesto público o ingreso con afectación específica, deba incorporarse como ingreso en el Presupuesto Anual para luego ser gastado alegremente en el mismo período”, dijo vía correo electrónico Báez.
El ERROR DE LA OPOSICIÓN
Esto, a consideración de Báez, es el error en que caen los diputados opositores al exigir que los recursos productos del acuerdo petrolero deben ser incorporados al Presupuesto General de la República, para luego repartirlo de acuerdo con lo que decidan los legisladores.
El gobierno orteguista hábilmente se valió este mismo argumento para usarlo como una cáscara de plátano en la cual resbaló la oposición el año pasado, cuando aprobaron el decreto legislativo 06-2009.
“Como este concepto no quiso o no pudo esgrimirse coherentemente en la Asamblea Nacional durante la pasada administración, la bancada de gobierno y la bancada opositora, los primeros dando atole con el dedo y los segundos pretendiendo castigar no sé a quién, votaron unánimemente que por no estar incorporada la cooperación venezolana como ingreso en el Presupuesto Anual, no sería reconocida como deuda pública, y por tanto jamás sería pagada. ¡Qué linda manera de confundir Chana con Juana! “, insistió Báez.
Caruna, siguiendo al pie de la letra la política de comunicación de Rosario Murillo, es reacia a las entrevistas con la prensa independiente. Manuel Aburto, su presidente, es un viejo activista en el mundo cooperativo. Dicen quienes lo conocen que ahora que es un hombre de saco y corbata, sigue siendo una persona bastante cordial. Más de lo que uno podría esperar de alguien que preside una cooperativa que maneja 400 millones de dólares y es la prestamista del Estado. Nada que ver con aquella pequeña asociación ubicada en la pequeña casita del barrio Monseñor Lezcano.
Deudas que han cambiado Según Sinforiano Cáceres, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas (Fenacoop), no es la primera vez que los gobiernos nicaragüenses utilizan a las cooperativas para limpiar deudas. Pero en esta ocasión, el “modus operandi” es diferente. Antes las deudas públicas se convertían en privadas.
Durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro se inició un proyecto denominado Polos de Desarrollo (Poldes), en el cual se financiaban por medio de diez cooperativas diversos proyectos agropecuarios. Pero, según Cáceres, los activos comprados con este dinero (40 millones de dólares de la cooperación italiana) quedaron en manos de allegados o funcionarios del mismo Gobierno, y Nicaragua tuvo que pagar esa deuda. Durante el gobierno de Arnoldo Alemán Lacayo estalló el escándalo de las vaquillas, un programa de mejoramiento genético ganadero que igualmente sería ejecutado por cooperativas, pero las reses compradas con el dinero de la cooperación internacional pasaron a ser propiedad de funcionarios, amigos o allegados del caudillo liberal.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 y 7A
