La Alianza PLI está a punto de embarcarse en una complicadísima misión. Con solo 26 diputados en la Asamblea Nacional —lo que le dejó obtener el fraudulento proceso electoral de noviembre de 2011—, deberá enfrentar a 62 diputados del Frente Sandinista y a toda la fortaleza que le da a ese partido no solo ser gobierno sino contar con millones de dólares provenientes del acuerdo entre el presidente inconstitucional Daniel Ortega y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Ante una situación de control total de todo el aparato del Estado por parte del Frente Sandinista es inevitable buscar una manera de moderar —y ordenar— la situación.
El control absoluto del orteguismo, que lo ha obtenido a través de chantaje, compra de conciencia y fraudes, no es sostenible a largo plazo, sobre todo porque tiene un Estado donde ya 35 de sus principales funcionarios están operando ilegalmente. Eso, sumado a que el mismo Ortega llegó a la presidencia con una candidatura inconstitucional y con un proceso electoral del cual aún hoy desconocemos el resultado, hace de esta una situación que pide a gritos que se formalice. Es un estado de cosas que no le sirve al orteguismo y mucho menos a Nicaragua.
Aunque el Inconstitucional hasta la fecha no ha dado señales de querer establecer un diálogo, la verdad es que sí ha enviado mensajes a través de sus operadores políticos y estas señales se deben aprovechar, sin embargo, y aquí radica lo complicado para ellos ¿cómo explicar a la ciudadanía que esta conversación es diferente al pacto Ortega-Alemán que duró de 1999 al 2011?
La Alianza PLI alega que ellos están buscando un acuerdo de nación, que no quieren repartirse uno, dos, tres o cinco cargos sino discutir y alcanzar acuerdos sobre temas de corto, mediano y largo plazo de interés para el país, entre los que figura por la corta ventana de tiempo, los cambios en el sistema electoral.
La base de la discusión ahí debe ser cómo se implementan las recomendaciones de la Misión de Observación de la Unión Europea. Si el tema es ese, la discusión sobre la permanencia o no de ciertos personajes de ese poder del Estado se hace irrelevante pues no calza con las recomendaciones.
La política es negociación, pero aquí los políticos han prostituido ese proceso. Para que no se diga que esto es un cambio de línea en mi manera de pensar, voy a citar una columna que escribí el 31 de mayo del 2008 titulada: “Cuando es pacto y cuando no”.
En ella decía “para que aquí en Nicaragua un acuerdo entre políticos sea calificado con el ya peyorativo término de ‘pacto’, este tiene que satisfacer única y exclusivamente intereses personales o políticos de los pactistas, y nada más”.
Por eso las repartideras de cargos entre el FSLN y el PLC eran pacto. Para que ahora sean diferentes las conversaciones, al menos la Alianza PLI deberá ir más allá de colocar a tal o cual persona en un cargo, debe garantizar que las personas a elegir reúnan tres características: experiencia en el tema que van a trabajar, valentía y honestidad. Pero más allá de eso deben saber que lo que están negociando es un cambio de concepto. O sea, que por ejemplo en el Consejo Supremo Electoral se está cambiando una maquinaria diseñada para hacer fraudes por una que garantice elecciones limpias.
Que el orteguismo acepte o no esas condiciones está por verse, claro, no dije que iba a ser fácil, pero en el corto plazo hasta al orteguismo le conviene competir en unas elecciones municipales limpias, donde sus posibilidades de ganar una gran cantidad de alcaldías son altas.
Y en el mediano y largo plazo al orteguismo le conviene ir institucionalizando el país. ¿Por qué? porque como me dijo un amigo, el clan Ortega Murillo ya se ha convertido en un potentado y tiene demasiados intereses como para ponerlos en riesgo en un sistema que no le garantice eventualmente una transición sin sobresaltos, porque, a menos que estén locos, deben saber que tarde o temprano van a estar fuera del gobierno, pero eso no quiere decir quedar fuera del poder económico ni del juego político. Sin embargo eso lo tendrán que descifrar ellos.
El punto es que la Alianza PLI merece el beneficio de la duda y lo peor es que se queden congelados. Si el diálogo termina en un pacto, sufrirán el mismo destino político de Arnoldo Alemán, si termina en al menos una leve transformación del sistema, se les agradecerá. En otras palabras: “Por sus frutos los conoceréis”.
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