Moisés Martínez
Por lo tanto, de los candidatos a alcaldes y vicealcaldes que presenten los partidos políticos en los comicios de noviembre próximo, la mitad debe estar integrada por hombres y mujeres.
La misma paridad 50-50 debe mantenerse en los concejales municipales. Esta reforma contó con los votos, además de la aplanadora oficialista, de los diputados opositores.
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Para Óscar Castillo, experto en asuntos constitucionales, esta divergencia no representa un problema y explica que los riesgos están en otros aspectos.
“ Mirá, que se hable de democracia directa no es malo, porque incluso está comprendido en el artículos 2 de la Constitución y más bien se refiere a una ampliación de la participación ciudadana.
El problema para mí es el concepto de poder ciudadano, que desafortunadamente, en la práctica en este país, funciona como un agente organizado del partido en el poder”, explicó Castillo.
“Como el poder ciudadano es manejado en el país de forma excluyente, entonces el riesgo es que se vaya en contra del pluralismo político y el derecho de participación que igual establece la Constitución”, añadió.
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Mientras opositores y organismos civiles debaten “encarnizadamente” lo bueno y lo malo de la denominada equidad de género impuesta por ley por el presidente inconstitucional Daniel Ortega, discreta y sigilosamente ha entrado en vigencia la participación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en la discusión y aprobación de los presupuestos municipales.
Los CPC son organizaciones parapolíticas del FSLN, que bajo el marco de un modelo de supuesta participación ciudadana operan para el servicio directo de la pareja presidencial.
Las reformas a la Ley de Municipios que fueron aprobadas por el pleno de la Asamblea Nacional la semana pasada ya fueron publicadas en La Gaceta, diario oficial, el pasado 9 de marzo.
Esta reforma incluyó el artículo 34 de la Ley de Municipios en su inciso nueve, referido a las atribuciones de los alcaldes. “Elaborar y presentar al Concejo Municipal el proyecto de presupuesto anual, así como sus reforma o modificaciones, con amplia participación de los ciudadanos y ciudadanas, mediante la aplicación de la democracia directa y el poder ciudadano”, reza el artículo reformado.
LA PRENSA advirtió sobre este cambio en la gestión municipal desde el pasado 6 de marzo, en una nota en la que el experto Silvio Prado señalaba lo que a su juicio había detrás de la reforma: un “gol” del ejecutivo a la independencia de las alcaldías.
“Al hacer una referencia directa al Poder Ciudadano, con mayúscula, se está refiriendo a las estructuras que están organizadas en los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Pero, ¿qué pasa con las otras formas de organización que tiene la gente? ¿Qué pasará con los comités de desarrollo municipal, las asociaciones de pobladores?”, observó Prado.
La aprobación de esta polémica reforma fue “minimizada” por el revuelo provocado por la imposición de que la mitad de los candidatos a alcaldes y concejales tienen que ser mujeres.
