Anne Pérez Rivera
“Traigan a los armados y a la seguridad privada para abrir esto”, gritó el jefe de seguridad pública del Distrito II de la Policía, comisionado Luis Morales, al intentar abrir por la fuerza los portones de la entrada a la mina de material selecto que pertenece a la familia Martínez.
50 camiones diarios como mínimo se han presentado a la mina privada en enero y febrero, sin que la municipalidad llegue a un acuerdo de pago con la familia afectada.
0.50 centavos dólar por cada metro cúbico de material extraído piden los dueños.
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Morales, quien luego se disculpó aduciendo que la Alcaldía de Managua le había ocultado información sobre la propiedad en conflicto, llegó al cerro Los Martínez porque los propietarios del área prohibieron la entrada de camiones municipales que llegaban a sacar material selecto sin pagar por dicho producto.
“Nosotros hemos enviado varias cartas a la Alcaldía de Managua, le hemos pedido que nos sentemos a dialogar para llegar a acuerdos, pero la Alcaldía lleva dos meses sacando material selecto de nuestra propiedad sin pagar y se han mostrado intransigentes”, dijo Gabriel Martínez, uno de los afectados, quien ayer le mostró documentación del conflicto al comisionado Morales, cuando este ya había protagonizado un forcejeo con parte de la familia propietaria de la mina privada.
CONTRADICCIÓN DEL ESTADO
La explotación del material selecto para negocio privado fue solicitada por los Martínez en 2009, sin embargo el Ministerio de Energía y Minas les negó el derecho de sacar el material de su propiedad. Irónicamente, casi dos años después, la misma entidad gubernamental le concedió a la Alcaldía de Managua el derecho de explotación de los 750,000 metros cúbicos de material selecto en la propiedad privada.
La legislación nacional indica que las partes deben ponerse de acuerdo con los propietarios de la zona a explotar. Eso aún no ocurre.
Los Martínez han batallado legalmente con el Estado sandinista y el caso de la mina no es el único problema que enfrentan. Hace dos años fueron expropiados de unas 140 manzanas de tierra donde estaba ubicada La Chureca y aún no reciben ninguna indemnización.
