Jonh Locke (1632-1704) concibió la monarquía constitucional con un poder moderador en el Parlamento. El Estado democrático de Locke se sustenta en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, siendo el más importante el Poder Legislativo, porque nace de la elección libre de los gobernados.
El esquema de Locke es muy sencillo: “Es cierto que los gobiernos no pueden sostenerse sin grandes dispendios y es justo que quienes se benefician de su protección contribuyan a su mantenimiento, cada cual en proporción a sus recursos”.
En este enunciado se contienen los elementos básicos e ineludibles del liberalismo inglés, adoptado en Europa y en los Estados Unidos para garantizar administraciones gubernamentales democráticas.
“Grosso modo” Locke justifica el sostenimiento del Legislativo, por sus electores y beneficiadores, esa contribución debe ser en proporción de los recursos de cada elector.
Se tiene a Locke como el padre del liberalismo. En consecuencia no puede haber liberalismo al margen de esta fórmula teórica-política de gobernar democráticamente una nación.
Sin profundidad analítica, basta una ojeada para descubrir que nuestro Poder Legislativo, desde siempre, nunca se acercó ni por remedo a la doctrina de Locke.
Hay en este tema varios puntos a examinar, pero basta una sola pregunta para agotar el tema de nuestro abusivo e imperfecto sistema legislativo. ¿Cuánto le cuesta al pueblo depauperado de Nicaragua la Asamblea Legislativa? Los 92 diputados de nuestra Asamblea ganan en cinco años 522 millones 192 mil córdobas en sueldos; tienen un fondo social de 20 millones 240 mil córdobas; un seguro familiar en dólares por 5,520 millones de córdobas; por pertenecer a una bancada 113 millones 160 mil córdobas; y 1 millón 104 mil galones de gasolina. Esto es lo que se sabe. ¿Cuánto ganan los suplentes, secretarios, asistentes, choferes, correveidiles que devengan salarios de la Asamblea Nacional?
Otra pregunta: ¿Cuánto cuestan las leyes a los nicaragüenses? De acuerdo con un informe ofrecido a los medios de comunicación, en el período que terminó en el 2011, se aprobaron 167 leyes y 1,759 decretos, que tuvieron un costo total de 32 millones 080 mil 9979 córdobas. Es decir, cada ley y cada decreto le costó a los contribuyentes 3 millones 206 mil 379 córdobas. Un lujo que ni siguiera se dan los países ricos.
¿Tiene solución este problema crónico que agobia y depaupera al pueblo nicaragüense? ¡Sí, tiene! Una solución sería suprimir todos los gastos superfluos, reducir a 50 el número de diputados y los salarios de 94,600 córdobas reducirlos a la mitad (estos son los famosos megalasarios de Alemán). Por último reducir a la mitad, 100 galones, la gasolina que ahora se reparte.
En esta forma los llamados “padres de la patria” le costarían al sufrido y explotado pueblo nicaragüense: 2 millones 365 mil córdobas al mes; 28 millones 383 mil córdobas al año; y en cinco años 141 millones 900 mil córdobas. La diferencia sería una economía nada despreciable.
Lo que se podría hacer con ese ahorro: triplicar el salario de 2,000 maestros de primaria y a 1,690 maestros de secundaria; aumentarle el sueldo a 576 médicos del Sistema de Salud y a todo el personal de enfermería; duplicar el salario de 4,000 policías y de 3,000 soldados. Comprar 200 mil pupitres para las escuelas y reconstruir 100 escuelas que están en ruinas y garantizarles todo el año los servicios de agua y luz.
¿Cómo distribuir en todo el país a esos 50 diputados? Para Managua, incluyendo a Ciudad Sandino, El Crucero y Tipitapa, 10 diputados; 4 diputados para cada una de las ciudades más pobladas del país: Chinandega, León y Matagalpa; 3 diputados para Estelí, Masaya, Granada, Jinotega y RAAS; 2 diputados para Nueva Segovia, Madriz, Carazo, Chontales, Boaco y la RAAN; y 1 diputado para Río San Juan.
Todos esos diputados deben ser elegidos en sus respectivos departamentos. Así se acabarán los nombramientos “de dedo” y comenzará a funcionar la democracia, una gobernabilidad responsable y habrá una gran economía en los fondos públicos. El autor es periodista
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