Martha Vásquez
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir a prueba el proceso investigativo que lleva contra los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Bilwi, en la Región Autónoma del Atlántico Norte.
Los magistrados Jimmy Chang Castillo, José Antonio Barrientos Watson y Alejandro José Téllez Alvarado son investigados, después que en enero pasado el Ministerio de Gobernación interpusiera queja contra ellos, ante la Corte, porque habían ordenado la libertad de cuatro procesados por narcotráfico y crimen organizado.
Según comunicado oficial de la Corte, Esperanza Fonseca, directora general de Inspectoría Judicial, los magistrados requeridos ya enviaron su informe y solicitaron a los miembros del Consejo no continuar con la investigación en su contra porque la libertad del reo se ordenó a petición del fiscal auxiliar del Ministerio Público, Félix Ramón Hernández Muñoz.
Supuestamente el fiscal Hernández, durante la audiencia oral y pública ante el Tribunal, solicitó formalmente que se declarara nulo todo el proceso y se iniciara un nuevo juicio, lo que obligaba al tribunal a girar la orden de libertad de los procesados.
“Consecuente al principio de legalidad y objetividad procesal… en estricto apego a la norma bajo el resguardo del debido proceso, las garantías constitucionales esgrimidas con los fundamentos pertinentes y previa petición de la representación del Ministerio Público”, argumentan los magistrados en su informativo, según comunicado oficial.
Los magistrados señalados anexaron en su informe declaraciones del fiscal donde solicita la nulidad del proceso.
“Solicito en resumen se anulen los procesos… esto lo hago apegado al principio de objetividad que reviste el Ministerio Público, al principio de jerarquía y unidad”, manifestó el fiscal auxiliar, señala el informe.
La queja también señala que el doctor Alejandro Téllez se presentó ante el Alcaide del penal de Cuisalá, Evenor Centeno Aguilar, exigiendo una explicación del por qué el Sistema Penitenciario no había acatado una orden de libertad a favor de los internos Víctor Bravo Reyes y los hermanos José Manuel, Marcelino y Pedro Luquez González.
Al respecto el magistrado Téllez argumentó que es su deber velar porque las resoluciones judiciales se cumplan.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
