Josué Bravo y José Adán Silva
El canciller costarricense, Enrique Castillo, se reunió en Tegucigalpa con el presidente hondureño Porfirio Lobo, para dialogar sobre el conflicto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua.
Castillo llegó a la capital hondureña como parte de una ofensiva diplomática de San José para exponer a sus vecinos de Centroamérica detalles del conflicto que su país mantiene con Nicaragua y la Corte Centroamericana de Justicia.
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de dólares anuales invierte la administración de San José en contratación de abogados y asesores, entre otros, para sostener la carretera que mandó a construir a orillas del caudal nicaragüense. Ahora debe pedir a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario para asistir a la CIJ.
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Fue la típica acción de la Corte Internacional de Justicia: dar a uno y otro un poco de justicia. Por un lado admitió la demanda que Nicaragua entabló a Costa Rica por los daños que ocasiona al río San Juan la construcción de una carretera paralela al curso, pero no mandó a detener la obra de la discordia.
Ante la respuesta del Tribunal Internacional con sede en La Haya, Holanda, Nicaragua guardó oficial silencio y Costa Rica, el demandado, aceptó la admisión del caso, aunque de mala gana.
El juicio que se avecina prolonga el litigio fronterizo iniciado desde octubre del 2010 con el dragado del cauce nicaragüense, además que generará más gastos económicos en el proceso, consideró el vicecanciller tico Carlos Roverssi.
El diplomático, en declaraciones a la prensa local, ironizó que a Nicaragua le “sobran” recursos para promover este tipo de litigios y “pareciera ser una práctica que se convirtió en un negocio para los vecinos del norte”.
“Lo que significa es que el diferendo va a continuar más tiempo, que vamos a tener que gastar más recursos económicos”, se quejó Roverssi.
“Como yo he dicho, a Nicaragua le sobran recursos para este tipo de conflictos y diferendos, de hecho ellos han hecho una práctica que parece se convirtió en un negocio, para nosotros es costosísimo, tenemos que recurrir de nuevo a la Asamblea Legislativa (a pedir recursos), porque era un presupuesto que no teníamos contemplado”, protestó.
En noviembre del 2010, Costa Rica demandó a Nicaragua ante la CIJ alegando supuesta invasión y daños ambientales por el dragado del río San Juan en su desembocadura hacia el Caribe.
Luego, amparado en un decreto de emergencia, Costa Rica inició en 2011 la construcción de una carretera de 160 kilómetros junto al río San Juan pero en su territorio, la cual provoca daños al ecosistema, según especialistas de ambos países.
Por esta obra Nicaragua demandó a Costa Rica en el máximo tribunal mundial en diciembre pasado por “violaciones a la soberanía de Nicaragua y graves daños ambientales a su territorio”.
Ayer la CIJ fijó los plazos para que los dos países presenten sus argumentos en el conflicto.
Nicaragua tiene hasta el 19 de diciembre de este año para presentar su memoria y Costa Rica tiene hasta el 13 de diciembre de 2013 para presentar sus descargos en una contramemoria.
“Nicaragua tendrá un tiempo de 11 meses para presentar argumentos del porqué dice que hemos cometido daños ambientales al río San Juan, y un tiempo similar para presentar nosotros los estudios de impacto y demostrar que el camino que estamos haciendo, primero es absolutamente en territorio costarricense, es soberanía costarricense y que no hay ningún daño al río San Juan”, concluyó Roverssi.
San José reiteró que respetará las decisiones que adopte la CIJ en La Haya, en relación con el litigio con Nicaragua e insistió que la obra se inició en respuesta “a la invasión militar nicaragüense de 2010”, anunció la Cancillería tica
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