La Haya/EFE
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) fijó hoy los plazos para que Nicaragua y Costa Rica presenten sus respectivas memorias documentales en el contencioso que les enfrenta, a iniciativa de Managua, por la construcción por parte de San José de una carretera paralela al fronterizo río San Juan.
Corresponsal /Costa Rica
Al aceptar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la demanda nicaragüense contra Costa Rica, por la construcción de una carretera paralela al río San Juan, prolonga el litigio fronterizo iniciado desde octubre de 2010 con el dragado del cauce nicaraguense, además de generar más gastos económicos en el proceso, consideró el vicecanciller tico, Carlos Roverssi.
El diplompático, en la prensa local, especuló que a Nicaragua le “sobran” recursos para este tipo de litigios y pareciera ser una práctica que se convirtió en un negocio para sus vecinos del norte.
“Lo que significa es que el diferendo va a continuar más tiempo, que vamos a tener que gastar más recursos económicos”, declaró Roverssi.
“Como yo he dicho, a Nicaragua le sobran recursos para este tipo de conflictos y diferendos, de hecho ellos han hecho una práctica que parece se convirtió en un negocio, para nosotros es costosísimos, tenemos que recurrir de nuevo a la Asamblea Legislativa (a pedir recursos) porque era un presupuesto que no teníamos contemplado”, añadió.
En noviembre de 2010, Costa Rica demandó a Nicaragua ante la CIJ, elgando supuesta invasión y daños ambientales por el dragado del río San Juan en su desembocadura hacia el atlántico.
Luego, amparado en un decreto de emergencia, Costa Rica inició en 2011 la construcción de una carretera de 160 kilómetros junto al río San Juan pero en su territorio, la cual provoca daños al ecosistema, según especialistas.
Por esta carretera, Nicaragua demandó a Costa Rica en el máximo tribunal mundial por «violaciones a la soberanía de Nicaragua y graves daños ambientales a su territorio».
Esta mañana, la CIJ fijó los plazos para que los dos países presenten sus argumentos en el conflicto.
Nicaragua tiene hasta el 19 de diciembre de este año para presentar los suyos, llamado memoria y Costa Rica hasta el 13 de diciembre de 2013 para presentar sus descargos, llamado contramemoria.
“Nicaragua tendrá un tiempo de 11 meses para presentar argumentos del proqué dice que hemos cometidos daños ambientales al río San Juan, y un tiempo similar para presentar nosotros los estudios de impacto y demostrar que el camino que estamos haciendo, primero es absolutamente en territorio costarricense, es soberanía costarricense y que no hay ningún daño al río San Juan”, concluyó Roverssi.
Por la demanda presentada pro el dragado, Costa Rica gasta unos 2 millones de dólares al año en contratación de abogados y asesores, entre otros.
Ahora debe pedir a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario para hacerle frente a la demanda por la construcción de la carretera.
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Según la orden judicial, Managua tiene hasta el próximo 19 de diciembre para preparar sus pliegos de argumentos en el caso, mientras que Costa Rica, en calidad de país denunciado, tendrá plazo para presentar los suyos hasta el 19 de diciembre del 2013.
Nicaragua denunció el pasado 23 de diciembre a Costa Rica ante este tribunal internacional porque, a su entender, está causando graves daños medioambientales en la frontera entre los dos países a causa de obras de construcción de una carretera paralela al curso del río San Juan.
Las obras estarían dañando el «frágil ecosistema» de ese río, que en otras ocasiones ya ha sido objeto de disputa entre los dos países.
La demanda del pasado diciembre, que abrió un nuevo capítulo de los enfrentamientos entre ambos países a causa de la polémica zona fronteriza del río San Juan, añade nuevos ingredientes a la demanda presentada en noviembre de 2010 por Costa Rica en referencia a los dragados nicaragüenses para hacer más navegable el último tramo del río.
La denuncia de Costa Rica se encuentra en estos momentos todavía en su fase escrita -en la que las partes presentan documentación-, pero ya ha contado con una orden provisional, dictada en marzo de 2011, en la que se prohibió a ambos países colocar tropas o personal civil en el área de la desembocadura del río.
Reconociendo la similitud de las demandas, Managua no descarta la posibilidad de unir ambas denuncias en un solo caso ante la Corte.
Entre septiembre de 2005 y julio de 2009, los dos vecinos se enfrentaron a iniciativa de Costa Rica por los derechos de navegación en el río que les sirve de frontera. Siguiendo un estilo salomónico, el fallo de la CIJ en ese caso reconoció los derechos de navegación de Costa Rica sobre el río, pero aclaró que la soberanía sobre el mismo estaba en manos de Nicaragua.
Confirmando su posición de reguladora del río, Nicaragua afirmó en su nueva denuncia que Costa «viola» su soberanía en la zona fronteriza común del río San Juan al causar daños medioambientales al San Juan.
Nicaragua y Costa Rica aceptaron la jurisdicción de la CIJ en abril de 1948, cuando firmaron el llamado «Acuerdo de Bogotá», el cual le sirve de base jurídica para presentar este tipo de demandas.