Guatemala/ACAN-EFE
Miguel Raimundo, superviviente de una matanza perpetrada en Guatemala en 1982, reconoció el pueblo en el que vivía y que fue arrasado por los militares, en un mapa que se presentó hoy como prueba documental en la audiencia inicial contra el exgeneral golpista José Efraín Ríos Montt.
«Allí es, mirá. Yo vine a pedir justicia», dijo Raimundo, de 69 años, en el momento que el fiscal de Derechos Humanos, Manuel Vásquez, entregaba al tribunal de Mayor Riesgo, presidido por Carol Patricia Flores, las pruebas de los delitos que se le imputan al exjefe de Estado de facto.
El agricultor, quien viajó durante casi nueve horas a la capital en autobús para asistir a la audiencia, recordó que vivía en la comunidad de San Francisco Javier, en Nebaj, en el departamento noroccidental de Quiché, cuando «pasó eso». Es un área de la etnia Ixil, que según Vásquez, «fue arrasada parcialmente» dentro de la política de exterminio que impulsó el régimen militar encabezado por Ríos Montt entre 1982 y 1983. «Yo perdí a 24 familiares. A mis suegros y dos hijos», relató Raimundo.
«Mi suegro (Diego) tenía 70 años, lo quemaron en su casa y después se lo dieron a los chuchos (perros)», recordó. «También mataron a Miguel y José, eran mis dos hijos», acotó, aunque recordó que sobrevivieron sus otros seis hijos. La lectura de la acusación duró casi tres horas.
«El 14 de febrero tenemos que sembrar maíz y fríjol para comer. Esperamos que llueva», agregó mientras lo domina el cansancio por el largo viaje. «Hoy venimos en dos camionetas desde allá (la comunidad) para pedir justicia», insistió. Ríos Montt se abstuvo de declarar ante el tribunal luego de las acusaciones que le hizo la Fiscalía.
El fiscal acusó al anciano militar (cumplirá 86 años en junio próximo) de actos de genocidio en al menos 72 casos en los que fueron asesinados 267 indígenas ixiles. «Pero se presume que como mínimo fueron 1.771 porque sólo tenemos los testimonios de 84 (sobrevivientes)», manifestó Vásquez durante la audiencia.
Juan Francisco Soto, uno de los abogados que representan a los familiares de las víctimas, dijo a Acan-Efe que pedirán la prisión preventiva de Ríos Montt, porque «allí están las pruebas». La hija del exgobernante de facto, Zuri Ríos, declaró a Acan-efe que «vine a acompañar al general Ríos Mont, pero también a mi papá, a mi amigo: Él vino aquí voluntariamente para rendir cuentas y será el Ministerio Público el que tiene que demostrar sus argumentos».
En las afueras de los tribunales, varias decenas de activistas exigen justicia en contra de las matanzas perpetradas por los militares durante el pasado conflicto armado (1960-1996).
Según la Comisión del Esclarecimiento Histórico, cuyo informe forma parte de las pruebas de la Fiscalía, el Ejército cometió genocidio en contra de las poblaciones indígenas del país como parte de sus estrategias para exterminar a las organizaciones guerrilleras. La guerra interna dejó más de 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, de acuerdo con esta investigación.
