AGENCIAS
Esta semana se vivió con más vehemencia a nivel mundial el rechazo al proyecto de ley estadounidense SOPA que busca detener los actos de piratería en las web. Las protestas surgieron a tal punto que el grupo de piratas informáticos Anonymous bloqueó el sitio oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el de la productora Universal Music y otros, en represalia después que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) cerró el sitio de descargas gratis Megaupload, y detuvo a cuatro de sus directivos.
El cierre de Megaupload, que servía a más de 180 millones de usuarios y había recibido más de mil millones de visitas desde su creación en 2004, se debió a un supuesto delito de piratería informática.
Sumado a eso, sitios como Wikipedia, en inglés, cerraron su sitio, mientras otras como Google, colocaron señales de queja en protesta por la polémica ley.
Las presiones que han ejercido los gigantes de Internet y la oposición de la ciudadanía llevaron a que ayer en la mañana, el líder de la mayoría demócrata en el Senado de EE. UU., Harry Reid, anunciara que retrasaría el voto de la ley antipiratería de la Cámara alta, conocido como PIPA (PROTECT IP Act). Reid informó de que retrasará la votación, programada para el próximo martes, hasta que el Comité Judicial del Senado avance más en un acuerdo sobre la polémica legislación.
“La falsificación y la piratería han costado a la economía de Estados Unidos miles de millones de dólares y miles de puestos de trabajo cada año. Solo la industria del cine produce más de 2.2 millones de empleos”, añadió el líder demócrata.
Asimismo, el principal patrocinador del otro proyecto legal, SOPA (Stop Online Piracy Act), el miembro republicano de la Cámara de Representantes, Lamar Smith, reaccionó a las declaraciones de Reid, anunciando también el aplazamiento indefinido de la audiencia sobre el texto mientras no haya un acuerdo más amplio que permita combatir la piratería, después de que el martes se limitara a posponerla a febrero tras las primeras presiones.
SOPA fue presentada ante la Cámara de Representantes el 26 de octubre de 2011.
El proyecto obligaría a los motores de búsqueda, proveedores de dominios y empresas de publicidad estadounidenses a bloquear los servicios de cualquier página web del mundo que esté bajo investigación del Departamento de Justicia estadounidense por haber publicado sin permiso material bajo derechos de autor. Ello ha suscitado el temor de que queden bloqueadas páginas legítimas en las que los usuarios comparten contenidos propios.
Hollywood pidió ayer que los sitios web del exterior con contenido ilegal respondan a las mismas leyes que se aplican en Estados Unidos.
Los fundadores de los grandes sitios, que consideran a SOPA una forma de censura, remitieron hace unos días una carta al Congreso argumentando que la ley “va a crear un ambiente de miedo e incertidumbre tremendo para la innovación tecnológica, y perjudica gravemente la credibilidad de Estados Unidos en su papel como administrador de la infraestructura de claves de Internet”.
APOYO MUNDIAL
Las críticas no solamente han venido de los internautas y las empresas dentro de Estados Unidos, la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes, mostró ayer su desacuerdo con la actual versión del proyecto de ley estadounidense y aplaudió las reacciones del Congreso ante las presiones.
“Estoy feliz porque haya un cambio de tendencia sobre SOPA: no necesitamos una mala legislación cuando deberíamos estar salvaguardando los beneficios de una red abierta”, declaró la comisaria a través de la red social Twitter. En su opinión, según otro comentario publicado a través de esta popular red social, “la regulación de internet debe ser efectiva y proporcionada”.
Por su parte, los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino, y de la ONU, Frank La Rue, instaron también a EEUU a “proteger enérgicamente la libertad de expresión en Internet” tras toda la polémica suscitada.
Ambos recordaron que “las leyes que regulan Internet deben tener en cuenta sus características especiales como herramienta única de transformación, que permite a miles de millones de personas ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, además de otros derechos humanos”.
Para que ambos proyectos sean ley se necesita la aprobación de ambas cámaras.
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