Pocos temas son tan difíciles de resolver como el dilema entre las exigencias morales y las conveniencias pragmáticas. Thomas More, sufrió noches de insomnio cuando su rey, Enrique VIII, le pidió que apoyara su divorcio para casarse con Ana Bolena. Hacerlo contrariaba las convicciones católicas de More; negarse podía exponerle a graves consecuencias. Un momento culminante fue la coronación de Ana el 1 de junio de 1533. El cardenal Wolsey, le suplicó que asistiera. “Ojalá pudieras ver los hechos como son, sin esos horribles escrúpulos morales tuyos”, le dijo. Pero More no lo hizo y comentó: “Quiera Dios que la aceptación de estas nuevas cosas no tenga pronto que ser confirmada por un juramento”. Su observación fue profética: el rey exigió más tarde la adhesión al Acta de Supremacía, por la cual se declaraba soberano de la Iglesia de Inglaterra. More rehusó firmar y terminó decapitado.
More fue elevado a los altares y hoy es un emblema de la entereza moral en el mundo de la política. Pero es importante evitar las simplificaciones. El mismo More fue pragmático. El no salió a la palestra a condenar lo que pasaba; sencillamente se abstuvo de cualquier acto que sugiriera su asentimiento y habría callado hasta su muerte si se lo hubiesen permitido. Al analizar la moralidad de la actuación política es importante sopesar tanto la importancia o gravedad de las normas en juego como las posibilidades de la acción. El realismo, mientras no involucre el olvido de la ética, es virtud.
La complejidad del tema de moral y pragmatismo se manifestó recientemente a raíz de la toma de posesión. Asistir al acto contribuía a legitimar una presidencia lograda a expensas de violar la Constitución y cometer serias irregularidades electorales. No puede minimizarse la gravedad de ambas circunstancias. La Constitución es un texto en cierto sentido sagrado; por eso en el acto se le juró obediencia y la portaron los cadetes con paso solemne: es la base de todo el edificio legal, contiene las reglas del juego emanadas del pueblo soberano a través de sus representantes, y nadie ni el presidente, está por encima de ella. Menospreciarla, ignorarla o torcerla, es una bofetada a toda la nación y un precedente de gran peligrosidad, pues en su ausencia lo que queda es la ley del fuerte, y rogar porque sea benévolo.
No asistir al acto, habiendo sido invitado, podía leerse como una forma de expresarle al nuevo presidente que su investidura era ilegítima. Ante esta disyuntiva hubo sectores, como la Conferencia Episcopal nicaragüense, que decidieron no ir, y otros, como el sector de los grandes empresarios, que decidieron hacerlo.
No puede juzgarse lo apropiado de estas decisiones sin analizar la complejidad que enfrentan. En una república ningún empresario teme desairar al presidente. En Estados Unidos, Bill Gates no se siente más seguro por ir a la toma de posesión de Obama. Pero en una monarquía absoluta puede ser grave no sonreírle al rey —como le ocurrió a More—. No se trata de la mera defensa de sus billetes, como comentan algunos; sus decisiones trascienden más allá de sus intereses personales. Un banquero maneja millones ajenos y debe responder a millares de depositantes. Un líder gremial puede afectar, con sus decisiones, a sus afiliados. Por otro lado, el poder ha tratado bien al sector empresarial, lo cual ha beneficiado a todo el país. ¿Era lo correcto tomar la ruta del riesgo para patentizar el rechazo a un hecho consumado?
Como expresé al inicio, estos temas son muy difíciles. Lo importante es plantearse a fondo las implicaciones morales y sociales de cada decisión y actuar en consecuencia.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación 1990-1998.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
