Eduardo Enríquez
En el artículo que el diario El País de España publicó en la víspera del acto de confirmación en el cargo del presidente inconstitucional Daniel Ortega se decía que el régimen en este nuevo período iba a “continuar sus excelentes relaciones con el sector privado que ve en el caudillo sandinista una garantía de estabilidad para sus negocios”.
Que el inconstitucional presidente sea garantía de estabilidad a mí me recuerda la “protección” que los comerciantes tenían que pagar a los mafiosos, para evitar que estos mismos les destruyeran sus negocios en tiempos de Al Capone. O lo que se vive en Honduras o El Salvador donde los transportistas tienen que pagar un impuesto de guerra para que las maras los dejen trabajar.
Una persona, un caudillo, no puede ni debe ser “garantía” de estabilidad en una sociedad que aspira a ser moderna. Para eso están las instituciones que en este país se han convertido en fantoches que dependen de la voluntad del inconstitucional presidente, entonces no es que este señor esté garantizando nada, lo que está haciendo es cobrando por no crear el caos.
Ya lo dijo hace algunos años el señor Procurador General de Justicia, Hernán Estrada, hablando contra los medios independientes de comunicación: “si el comandante quisiera no quedaría piedra sobre piedra de esos medios de comunicación”. Pero los ejemplos no se reducen solo a palabras. Si Ortega es “garantía de estabilidad”, habría que preguntarse frente a qué y la verdad es que la única fuente de inestabilidad en la que puedo pensar es el mismo Frente Sandinista que Ortega comanda.
Son él y su partido los que hacen estallar asonadas, los que fomentan huelgas, los que hacen demandas (cuando están fuera del poder) de aumentos al salario mínimo de hasta un cien por ciento, los que realizan sangrientas protestas por el 6%. Es cierto que todo eso ha desaparecido en los últimos cuatro años, pero porque se le está “pagando protección” no porque sea garantía de estabilidad.
Si no recordemos el primer año de gobierno, cuando aumentó el salario mínimo en un 35 por ciento y lo hizo decretándolo desde una tarima pasando por encima de la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Ese fue el precio que el empresariado tuvo que pagar por haberse pronunciado en el 2006 a favor del candidato liberal Eduardo Montealegre. A partir de entonces “chitón pitío” sobre política y comenzó “la excelente relación”.
Y para que nadie se olvide de lo que puede hacer, el presidente inconstitucional acaba de mandar a plantar a los vigilantes de la empresa Goliat a unos terrenos en carretera a Masaya, que tiene un valor que alcanza varios millones de dólares. Han sido propiedad privada por 20 años, pero de pronto el gobierno dice que “son del Estado”.
Ahora, es cierto que no se le puede exigir a la gente que exponga su capital, igual que no se le puede exigir al dueño de un bus que no le pague el impuesto de guerra a los mareros. El resultado en ambos casos es predecible, pero también es importante que tengamos los conceptos claros. Si el presidente inconstitucional ha mantenido la “estabilidad” para hacer negocios y ha mantenido “excelentes relaciones” con el empresariado, es porque se está jugando con sus reglas. Eso se llama extorsión.
Si lo que queremos es garantía de estabilidad real, entonces hay que pedir que al menos el inconstitucional permita que el poder judicial se limpie de toda la carroña partidaria y corrupta de la que se ha llenado y que se garantice el respeto a las leyes y el Estado de Derecho. Creo que demandar eso no va a amenazar en nada los intereses del presidente inconstitucional y hasta le va a ayudar a que la economía en realidad se consolide de verdad. Al fin y al cabo, ya se encaramó ilegalmente por cinco años más en la Presidencia. No tiene sentido mantener la economía del país de rehén, cuando nadie lo está quitando de ahí en los próximos cinco años.
[email protected]
Twitter: @GuayoPeriodista
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
