Anne Pérez Rivera
Ya es política oficial: la administración sandinista de la Alcaldía de Managua ha “enterrado” insistentemente todas las denuncias de corrupción en contra de sus funcionarios.
La comuna despuntó su gestión en 2009 con exclusión de procedimientos para adjudicar proyectos de infraestructura a discreción. Desde entonces, las denuncias por malos manejos administrativos y contratación a empresas por tráfico de influencia “llovieron” y llegaron a la Contraloría General de la República. Ahí nada ocurrió.
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Tres años después, las empresas ejecutoras de las obras municipales siguen estando ligadas a personeros del Gobierno y desde entonces la contratación sin licitación suma casi 700 millones de córdobas.
Las acusaciones por falta de transparencia se arreciaron en el 2010, cuando la comuna ejecutó 140 proyectos sin convocar al comité de licitación municipal. En 2011 la falta de voluntad para darle seguimiento a los casos de corrupción fue más evidente cuando el secretario general de la Alcaldía, Fidel Moreno, quedó exento de cualquier investigación a pesar de que firmó 31 cheques con los que se malversaron 3.5 millones de córdobas.
“La falta de investigación de las denuncias de corrupción parece una política de Estado. Lo correcto sería que todas las instituciones trabajen de manera coordinada y no que hagan como ahora, que todas se ponen de acuerdo para no funcionar”, dijo César Martínez, del organismo Ética y Transparencia, representante local de Transparencia Internacional. Esta organización, según su informe global 2011, ubicó a Nicaragua como el país con mayor percepción de corrupción en Centroamérica.
“Yo fui a la Contraloría a pedir que se hiciera una investigación en el caso de los cheques. Pero, también pedí una investigación de anomalías en ejecución de proyectos como en cinco ocasiones y nada ocurrió después de eso. Parece que están coludidos para no investigar”, confirmó el concejal conservador Luciano García, condenado por los delitos de injurias y calumnias en perjuicio de Fidel Moreno.
Un grupo de taxistas asegura que el director de esa instancia, Francisco Alvarado, ha ejecutado una serie de anomalías. Ayer, incluso, una docena de mujeres dirigentes de cooperativas de taxis llegaron a la Procuraduría de Derechos Humanos y al Movimiento María Elena Cuadra para denunciar que son víctimas en el Irtramma. En respuesta, el Frente Sandinista ratificó a Alvarado en su puesto. Ayer, el funcionario presentó su plan de modernización del transporte a cooperativas que lo apoyan. Esos planes ya han sido presentados desde el 2007 y aún no se ejecutan.
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