Sergio León
Durante el 2011 la violencia intrafamiliar y sexual en contra de las mujeres incrementó en la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), lamentó la jefa de la Comisaría de la Mujer de la Policía de Bluefields, teniente Martylee Ingram Coe.
“En el 2010 nosotros registramos 780 delitos y para el 2011 tuvimos 929, para un aumento de 149 casos y en referencia a los delitos sexuales, durante el 2010, tuvimos 179 y el año pasado 200, para 21 casos más”, informó Ingram a LA PRENSA.
La cifra de mujeres muertas se redujo en 13, comparándolo al año 2010, sin embargo la cantidad sigue siendo elevada.
El pasado año el organismo de derechos humanos Amnistía Internacional estimó que entre 1998 y 2008, hubo 14,377 casos de violación y abuso sexual.
De esa cifra, según el organismo, 9,695 fueron cometidos contra menores de 17 años.
Distintas organizaciones defensoras de los Derechos de las mujeres, han anunciado que en este 2012 seguirán presionando a las autoridades nacionales, para que apliquen con mayor rigor las leyes y penas a los abusadores.
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El caso más relevante el año anterior fue el ocurrido en Sandy Bay, jurisdicción de La Desembocadura del Río Grande, donde un hijo mató de nueve estocadas a su mamá, porque esta no quiso darle dinero producto de una supuesta transacción de drogas.
Ingram dijo que los delitos contra las mujeres incluyen parricidios, homicidios, lesiones en todas sus modalidades, robos con fuerza y hurtos, violaciones y otras agresiones físicas y sexuales.
TAMBIÉN LAS PENSIONES
La jefa policial informó, además, que durante el 2011 recibió tres denuncias diarias por pensión alimenticia, “esto nos preocupa, porque quiere decir que muchos hombres no quieren asumir su responsabilidad tras embarazar a una mujer”.
“Últimamente los incumplimientos de deberes alimenticios están a la orden del día, registramos diariamente dos o tres casos, son hombres que ya están demandados y tienen que pagar una pensión y se niegan a cumplir”, reveló Ingram.
El recién constituido Juzgado de la Familia de Bluefields ha procesado más de 220 casos por pensión, de los cuales en más del 60 por ciento “los hombres han sido condenados por no querer pasarle a sus hijos”, confirmó una fuente de esa institución.
La violencia contra las mujeres en Nicaragua ha sido considerada por organizaciones de salud, feministas y defensoras de derechos humanos, como una epidemia que afecta al menos a una de cada cinco.
Para contrarrestar el fenómeno, la Asamblea Nacional aprobó en noviembre del 2011 una ley que sanciona las agresiones hacia las mujeres y penó como femicidio el delito que comete un hombre al matar a una mujer por motivos de género.
De acuerdo a un reciente informe de la Red de Mujeres contra la Violencia, las mujeres de las zonas rurales se encuentran en total indefensión en comparación a las que habitan en zonas urbanas.
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