Elízabeth Romero
“Oscuro e incierto” se avizora el 2012 para la clase trabajadora del país, en especial del sector público, según la Federación de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), que aprecia un clima de inestabilidad laboral e irrespeto a la libertad sindical.
Una de las instituciones mencionadas es la Dirección General de Ingresos (DGI).
El secretario de Asuntos Laborales de la Fedetrasep, Álvaro Leiva Sánchez, indicó que de los más de 465 millones de córdobas que adeuda el Estado a los despedidos de diferentes instituciones estatales, el pago fue mínimo.
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El secretario de Asuntos Laborales de la Fedetrasep, Álvaro Leiva Sánchez, señaló que el gobierno de Daniel Ortega no mejoró el año pasado sus políticas de Estado ni dio señas que reflejen respeto a los derechos laborales de la clase trabajadora del sector.
En cambio inició el año con despidos de dirigentes sindicales del Centro de Insumos del Ministerio de Salud (Minsa).
Leiva Sánchez recordó que durante la gestión de Ortega más de 24,000 servidores públicos fueron despedidos y más de 130 organizaciones sindicales descabezadas.
Aún no existe un fundamento legal, por parte de las autoridades del Gobierno, sobre los despidos efectuados, criticó Leiva Sánchez.
El dirigente de Fedetrasep externó su temor ante el riesgo de más irrespeto de los derechos sindicales como: libertad sindical, fuero sindical y los convenios colectivos suscritos en diferentes instituciones del Estado.
El año pasado concluyó sin que el gobierno de Ortega diera respuesta al pago de prestaciones a la mayoría de los trabajadores despedidos de forma ilegal, dijo Leiva Sánchez.
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