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En pocos días varias leyes encamidadas a reducir la inmigración ilegal, entrará en vigencia en los Estados Unidos. Todas ellas reflejan las preocupaciones de los gobiernos estatales en materia de inmigración, presupuestos y protección a los jóvenes. En Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Tenesí entrarán en vigencia nuevas leyes para reducir la inmigración ilegal.
La encuesta indica que solo 27 por ciento de latinos aprueba la política de deportaciones. Además, solo un 36 por ciento de los latinos que desaprueban la política de deportaciones considera positivo el desempeño general de Obama.
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Alabama, el estado con la ley más intransigente del país en cuanto a la inmigración ilegal, promulgará una disposición clave que obligará a todos los empleadores, que hacen negocios con cualquier entidad del gobierno, a que utilicen el sistema federal para comprobar que todos los nuevos empleados están residiendo legalmente en Estados Unidos.
En Georgia entrará en vigencia una ley similar que requiere que cualquier empresa con 500 empleados o más, utilice el sistema de verificación migratoria de los recién contratados.
El requisito se aplicará gradualmente, de manera que todos los negocios con más de 10 empleados quedarán incluidos en julio de 2013.
Con esto, las autoridades de Georgia pretenden “espantar” a los inmigrantes ilegales.
Tenesí también obligará a las empresas a asegurarse de que sus empleados están autorizados legalmente a trabajar en Estados Unidos, pero eximirá a los empleadores con cinco trabajadores o menos, al permitirles pedir una copia de la licencia de conducir del nuevo empleado, en lugar de usar el sistema de verificación migratoria.
CUESTIONARÁN ASOSPECHOSOS
Una ley de Carolina del Sur obligará a los policías a preguntarle a sospechosos de delitos o a personas detenidas por infracciones de tránsito sobre su estatus migratorio.
La ley está siendo impugnada por una demanda federal y un juez ha dicho que fallará el sábado próximo sobre las partes de la ley que entrarán en vigor.
Esa ley también creará una nueva unidad policial encargada de aplicar la ley estatal de inmigración ilegal.
California también estrenará una ley sobre la inmigración ilegal, pero en sentido contrario: permitirá que aquellos estudiantes que ingresaron al país ilegalmente puedan recibir ayuda financiera privada en universidades públicas.
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