San José/ACAN-EFE
Costa Rica no atenderá la demanda en su contra presentada por dos organizaciones ambientalistas de Nicaragua ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), pues este país no reconoce la competencia de este tribunal, afirmó hoy el Canciller Enrique Castillo.
«El caso en la Corte Centroamericana es totalmente ajeno a Costa Rica. Costa Rica nunca ha ratificado la adhesión a la Corte, no reconoce la competencia de la Corte, por lo tanto la Corte no tiene nada que hacer con Costa Rica, es algo totalmente ajeno a nosotros», declaró Castillo en rueda de prensa.
El canciller costarricense indicó que San José aun no ha recibido ninguna notificación oficial de parte de la CCJ, pese a que ayer se informó que el tribunal, con sede en Managua, aceptó la demanda por la construcción de una carretera de 120 kilómetros al margen sur del fronterizo río San Juan, en territorio costarricense.
Nicaragua se opone a la construcción de dicha carretera pues asegura que causa daños ambientales graves al río, de soberanía nicarag ense.
El presidente del tribunal regional, el hondureño Francisco Darío Lobo, indicó en Managua que se admitió la demanda contra el Estado costarricense y que la presidenta Laura Chinchilla tiene un plazo de 10 días para contestar la querella.
No obstante, Castillo descartó cualquier acción de San José en ese proceso e insistió en que su país no está sujeto a la autoridad de la CCJ pues nunca se ha ratificado el convenio para formar parte de ella.
«Desconocemos absolutamente la CCJ. No hemos sido notificados ni vamos a aceptar notificaciones de su parte», subrayó.
«Nos parece que la Corte se está prestando al juego político de Nicaragua y se ha sumado a la campaña de difamación que Nicaragua ha emprendido por la construcción del camino, entonces con menor razón vamos a atender nada de esto», sentenció el canciller.
El Gobierno de Daniel Ortega considera la carretera como «un crimen contra la naturaleza» y ha dicho que denunciará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, que ya dirime un litigio limítrofe bilateral.
Los organismos no gubernamentales que presentaron la demanda contra Costa Rica son Fundación Nicarag ense de Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional de Reciclaje (Fonare).
Ambos acusan a San José de cometer supuestos delitos contra el medio ambiente con la construcción de la carretera y exigen que se suspenda la obra.
Lobo sostiene que si Costa Rica no responde ante la CCJ «vendría una sanción legal», «sería declarado Estado rebelde» y que el juicio continuaría «hasta que dictemos sentencia».
Costa Rica y Nicaragua mantienen una disputa limítrofe desde octubre de 2010, cuando San José acusó a Managua de invadir con militares y civiles y causar daños ambientales en un humedal fronterizo en el Caribe, en un territorio que ambos países reclaman como propio.
El caso es ventilado en la CIJ, que en marzo pasado ordenó a los dos países abstenerse de enviar personal de seguridad, militar o civil a la zona en disputa.
La Corte Centroamericana, creada con el Protocolo de Tegucigalpa, en 1991, está integrada por magistrados de El Salvador, Honduras y Nicaragua, y pronto por representantes de Guatemala. Belice, Costa Rica y Panamá aún no han ratificado el Estatuto de la Corte.
