EFE/BRUSELAS
El canciller de Nicaragua, Samuel Santos, afirmó ayer en una entrevista con Efe que su Gobierno está dispuesto a aplicar las recomendaciones de la Unión Europea (UE) para mejorar el sistema electoral, aunque señaló que dichos cambios “se adaptarán a la realidad nacional”.
Santos, quien se reunió ayer con un grupo de eurodiputados en Estrasburgo (Francia), se pronunció así sobre las recomendaciones hechas por la misión de observación de la UE tras la reelección de Daniel Ortega en los comicios generales de Nicaragua, celebrados el pasado noviembre.
Los observadores europeos alertaron de “un grave retroceso en la calidad democrática” del país centroamericano y denunciaron “la opacidad y arbitrariedad” de las autoridades electorales y por ello destacaron la necesidad de una nueva Ley Electoral y el cambio de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).
CAMBIOS A LO NICA
En 2001 y 2006, la UE y otros organismos ya hicieron recomendaciones a Nicaragua para introducir cambios electorales, modificaciones que el anterior ejecutivo no puso en práctica en el primer caso y que el gobierno de Ortega “no pudo” aplicar en 2006 por no contar con la mayoría necesaria, según Santos.
En su reunión de ayer con un grupo de eurodiputados, entre ellos los españoles Willy Meyer, de Izquierda Unida, y el socialista Miguel Ángel Martínez, el canciller les prometió que Nicaragua “tendría en cuenta” dichas recomendaciones, “pero adaptándolas a la realidad nacional”.
El Gobierno “considera necesario hacer ajustes, independientemente de lo que digan los observadores internacionales”, así como mejoras en el proceso de Ley Electoral, destacó Santos, agregando que algunas de las recomendaciones de la UE “pueden ser buenas para los países de donde provienen, pero no para Nicaragua, porque hay que adaptarlas a nuestra realidad nacional”.
CSE muy poco independiente y ecuánime que no ha cumplido con su deber de transparencia y colaboración con todos los partidos políticos.
Poder absoluto en los centros de votación de unos coordinadores (en JRV) nombrados a última hora, una figura no contemplada por la Ley y no sujeta a la fiscalización de los partidos políticos. Dificultades experimentadas por la oposición para acreditar a sus fiscales. Doble rasero del CSE utilizado en la acreditación de los grupos de observadores nacionales.
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