Por Wilder Pérez R.
Costa Rica hizo desaparecer 240 kilómetros cuadrados de áreas protegidas para construir una carretera que afectará el medioambiente costarricense y echará a perder una Reserva de Biosfera de Nicaragua.
El área afectada es del tamaño de las islas Cook, un país isla ubicado en el Océano Pacífico Sur, entre Hawái y Nueva Zelanda.
También habría violentado el Reglamento Interno de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, el convenio de Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, el Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos, entre otros.
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Para lograrlo, el Gobierno de Laura Chinchilla hizo desaparecer cualquier ley que estuviera por delante, tanto nacional como internacional, según los ambientalistas de Nicaragua, que esta semana presentaron una denuncia ante la Corte Centroamericana de Justicia en contra de Costa Rica.
La “varita mágica” de Chinchilla fue el decreto de “estado de emergencia” emitido el 21 de febrero de 2011, por “la situación del proceso desencadenado ante la violación de la soberanía costarricense por parte de Nicaragua”.
Dicho decreto anuló la declaratoria de “Refugio Nacional de Vida Silvestre” al corredor fronterizo de Costa Rica con Nicaragua, hasta en dos kilómetros dentro de territorio costarricense.
También tiró por la ventana el Acuerdo sobre Áreas Fronterizas suscrito por ambos países en 1990, conocido como Siapaz (Sistema de Áreas Protegidas para la Paz), cuyo objetivo principal es “proteger la nuestra más grande y representativa del bosque húmedo tropical que se encuentra en la vertiente Caribe de Centroamérica”, según el documento original.
Entre los argumentos de Chinchilla están el “eliminar o minimizar las consecuencias de los desastres naturales y antrópico”, enfrentar la “invasión militar y ocupación realizada por Nicaragua en Costa Rica desde octubre de 2010”, y que “al día de hoy Nicaragua continúa ocupando y dañando parte del territorio costarricenses, con presencia de las fuerzas armadas”.
A eso, la presidenta sumó que, “producto de las acciones ejecutadas por el Ejército de Nicaragua… varias comunidades costarricenses, a lo largo de la zona fronteriza, y las instituciones del Gobierno, han visto alteradas sus condiciones normales de funcionamiento, quedando algunas incluso aisladas”, y que “la zona afectada está amenazada por constantes fenómenos naturales, que producen inundaciones”.
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