Gloria Picón Duarte
Un mes ha pasado y de los resultados de las elecciones junta por junta ni señales. La página del Consejo Supremo Electoral (CSE) quedó congelada el 11 de noviembre a las ocho y 48 minutos de la noche cuando el magistrado presidente de facto Roberto Rivas salió junto a sus compañeros —también de facto— a declarar electo al candidato inconstitucional del Frente Sandinista de Liberación Nacional con el 62.46 por ciento de los votos.
Lo dicho esa noche quedó escrito en piedra. El CSE desestimó los recursos de revisión que los partidos políticos presentaron porque no cumplían los requisitos que un recurso de revisión aritmética debe presentar, sin embargo los partidos alegaron que les era imposible constatar los resultados exactos porque en un 30 por ciento de las Juntas Receptoras de Votos no tuvieron presentes a sus fiscales ya sea porque fueron expulsados o porque no fueron acreditados debidamente.
LEY EXIGE PUBLICAR RESULTADOS JUNTA POR JUNTA
Tanto los organismos de la sociedad civil como los partidos de oposición han pedido se anulen las elecciones debido a las irregularidades que acompañaron todo el proceso electoral y que culminó con la no publicación de los resultados juntas por juntas como lo manda el artículo 129 de la Ley Electoral.
Los organismos de observación electoral tanto nacionales como extranjeros, con excepción del Consejo Nacional de Universidades y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, coincidieron en la falta de transparencia de la institución electoral y recomendaron una reforma al sistema electoral.
Mientras, el gobierno y el mismo CSE se han dedicado a descalificar y minimizar los informes de los observadores, que indicaban que estas elecciones fueron poco transparentes, con un proceso lleno de “trampas” y “zancadillas” y partidarizado.
El gobierno también ha dicho que las denuncias de fraude, responden a un plan de desestabilización de parte de grupos opositores en contubernio con Estados Unidos.
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