Lucía Navas y Tania Sirias
Para el viceministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, es difícil que el Gobierno consiga quedar bien con todos los sectores, especialmente con los que reclaman que la reforma presupuestaria debió incrementar más los recursos en áreas como Salud y Educación.
77millones de dólares es de un primer préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otro por ocho millones de dólares con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
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Son 2,976.7 millones de córdobas obtenidos en sobrerrecaudación de impuestos proyectados para el último trimestre del año. Casi la mitad de esos fondos (C$$1,300.9 millones) van al pago de deuda pública interna.
El resto de recursos se usará para cubrir los daños en infraestructura vial ocasionados por las lluvias de octubre, y para cubrir los déficits en el gasto administrativo de la mayoría de las instituciones estatales.
Acosta afirma que si bien se dispone de una “cantidad de recursos disponibles importantes” extras, de nada serviría colocarlos en gasto de inversión, porque no se podrían ejecutar ya que se está finalizando el año.
Defiende por tanto priorizar el pago de la deuda pública, pues así se envía “señales importantes” en “la economía, para los bancos y para los que compran bonos del Tesoro”.
Actualmente la deuda pública total de Nicaragua asciende a 5,178.3 millones de dólares, entre externa e interna.
¿EN CONCEPTO DE QUÉ?
Pero el economista Adolfo Acevedo, cuestiona que el principal pago va por 1,222 millones de córdobas a la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) “con sus suministradores de petróleo, es decir, de Albanisa”, sin que haya sido aprobado con anterioridad por la Asamblea Nacional.
“No existe explicación alguna del origen de esta deuda”, señala Acevedo.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez señaló que al pagar “estas deudas vamos a mantener estable el sector eléctrico”.
Hoy martes se espera que los diputados de la Asamblea Nacional aprueben con trámite de urgencia la segunda reforma que sufrirá el Presupuesto 2011, como lo pidió la Presidencia de la República.
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