Ayer la distribuidora de energía eléctrica Gas Natural anunció que el Instituto Nicaragüense de Energía y el Ministerio de Energía y Minas le habían anunciado que a partir de enero del próximo año la tarifa energética aumentará en un 20 por ciento.
La tarifa este año en realidad tuvo un aumento del 40 por ciento, que no fue percibido de golpe por el consumidor porque Alba-Caruna, el banco paraestatal que maneja los fondos de la inmensa cooperación venezolana que recibe el presidente Daniel Ortega, otorgó un préstamo de 107 millones de dólares para pagar por ese incremento.
Sin embargo, al parecer ese subsidio es insostenible aún para Alba-Caruna y desaparecerá a partir de enero, y es por eso que el gobierno se ve forzado a autorizar el aumento del 20 por ciento, que según los entendidos todavía no viene a solucionar el problema ya que los costos de producción de energía todavía no se cubren.
Esos costos no se cubren porque el 80 por ciento de la energía generada en este país se produce con búnker, un derivado del petróleo cuyo precio internacional ronda los 100 dólares el barril.
Esa dependencia del petróleo sumado a sus altos precios hace que las tarifas reales sean impagables para los sectores más pobres de la población y es por eso que desde el 2005 los hogares que consumen 150 kilovatios o menos tienen la tarifa congelada. Esos hogares representan el 80 por ciento de los consumidores del país. Pero a su vez, ese congelamiento hace que el aumento recaiga sobre el 20 por ciento restante de los consumidores y que el gobierno utilice dinero del presupuesto que podría ser usado en Educación o Salud para cubrir ese subsidio.
Aunque esfuerzos se han hecho y se siguen haciendo por cambiar la matriz energética y para producir energía renovable, que es más barata, todavía el país está lejos de la meta. Tampoco se puede pensar en que los más pobres asuman el golpe de la tarifa completa. Sin embargo, los aumentos en la tarifa más el subsidio restan competitividad al país.
¿Es este un callejón sin salida? En realidad no. El presidente Daniel Ortega tiene un acuerdo personal con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mediante el cual recibe petróleo venezolano prácticamente a mitad de precio, ya que la otra mitad la paga en un plazo de 25 años con dos de gracia y a bajísimos intereses.
Además, la empresa que importa ese petróleo es Albanisa, que el presidente controla sin ninguna fiscalización. Y de toda la energía generada con búnker, el 60 por ciento es generado por plantas de Alba Generación, una subsidiaria de Albanisa. De más está decir que este esquema ha generado fabulosas ganancias al holding Albanisa.
Visto de esa manera, el problema quedaría resuelto en cuestión de días si solo el presidente decidiera trasladar a los nicaragüenses el beneficio que Chávez le otorga a él. Con eso, la tarifa el próximo año no aumentaría en un 20 por ciento sino que bajaría sustancialmente aliviando los bolsillos de la ciudadanía y elevando la competitividad del país.
Sin duda esa Alba Tarifa sí sería una decisión Cristiana, Socialista y Solidaria.
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