Ramón H. Potosme
De acuerdo con el Código Penal, el máximo tribunal tenía un mes para dar un fallo, tiempo que usualmente no se cumple.
Se confiscaron propiedades a siete familias que suman aproximadamente 500 manzanas de tierra e igual número de reses. Los bienes fueron entregados a la Universidad Agraria en calidad de depositaria.
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Yamileth Oviedo yace hostigada en una camilla frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en huelga de hambre para demandar un fallo pronto sobre el reclamo de su propiedad y la de otras seis familias a quienes les confiscaron sus tierras en el caso de Frank Oviedo, condenado por narcotráfico.
Junto a Yamileth se encuentran Everth Martínez y Pedro Antonio Martínez, quienes reiniciaron el ayuno el pasado lunes tras haber suspendido una huelga de cuatro días que iniciaron el pasado 26 de septiembre.
Everth Martínez asegura que los miembros de la sala penal les mintieron porque les prometieron que resolverían el caso a más tardar el 20 de octubre si desmontaban la huelga de hambre.
Soraya Rivas, otra de las afectadas, demanda la devolución de una finca en Granada, que se la confiscaron por haberla comprado a un hermano de Frank Oviedo. Ni ella ni los demandantes tiene causa pendiente con la justicia.
“Queremos un bono de justicia, no un bono productivo porque para eso nosotros trabajamos para tener algo que nos ha costado mucho”, dijo Rivas.
En igual sentido se expresó Yamileth Oviedo, quien está a cargo de sus cinco hijos y tres nietos.
“Yo lo único que quiero es que ya digan si nos las van a robar o la van a devolver”, dijo Oviedo.
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