Ramón H. Potosme
Una turba de simpatizantes del Frente Sandinista lanzaba pedradas a un hotel capitalino en protesta porque diputados opositores pretendían anular el decreto presidencial 03-2010 que ordenó mantener a funcionarios con períodos vencidos. Era el 21 de abril del 2010. La manifestación la encabezaba el magistrado usurpador Rafael Solís. Este hecho, en teoría, no deberá volver a ocurrir.
La magistrada Ligia Molina dijo que el recién aprobado Código de Ética de los funcionarios y empleados del poder judicial prohíbe a funcionarios de la CSJ participar en actividades proselitistas partidarias.
El segundo párrafo del artículo seis del Código, sobre el principio de independencia, señala que los funcionarios deben “abstenerse de ejercer cargos políticos partidarios o participar en reuniones partidistas públicas, sin menoscabo del ejercicio de su derecho al sufragio y a la propia ideología”.
La magistrada Molina advierte que el Código entrará en vigencia el próximo 16 de noviembre y para inicios del próximo año harán la convocatoria para formar el Consejo Nacional de Ética, además de su divulgación a todos los funcionarios.
Para ello harán una campaña de apropiación en la que capacitarán a 122 facilitadores que divulgarán las nuevas disposiciones.
“(El Código) no ha sido aceptado por el ciento por ciento de los funcionarios, pero ya es suficiente que haya una disposición manifiesta de que se va a cumplir, porque además pende sobre el funcionario la amenaza que con tres dictámenes de conductas antiéticas da lugar incluso a la destitución del trabajador”, dijo Molina.
El Código prohíbe aceptar regalías de ninguna de las partes en conflicto para no afectar la independencia de los funcionarios.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
