Futuro incierto de migrantes

Decenas de miles de indocumentados que viven en Estados Unidos están temerosos de las autoridades, y huyen de estas debido a las leyes antinmigrantes que han sido promulgadas en los últimos años, como la ley SB1070 en Arizona aunque la más severa es la ley HB56, promulgada el 28 de septiembre en Alabama, donde actualmente se centra un fuerte debate migratorio.

Esta legislación podría ser ejemplo a las autoridades en otros estados para plantear leyes más duras o, en el mejor de los casos, para replantear el trato que reciben los indocumentados que viajan a este país en busca del “sueño americano” y las comodidades que no tienen en sus naciones de origen.

Quienes defienden o atacan estas legislaciones antinmigrantes también claman por una reforma migratoria que en sí defienda más a los ilegales que cada día crecen en número en este país. “Efectivamente necesitamos una reforma migratoria”, según Jay Reed, líder de una asociación de más de 700 constructoras y subcontratistas en Alabama, quien admite que su sector ha resultado ser uno de los más afectados por la ley de Alabama, que provocó un éxodo masivo de trabajadores indocumentados, en su gran mayoría de origen hispano.

Para Reed, los trabajos que ofrecen “están excelentemente pagados, pero el trabajo es tradicionalmente al aire libre, en condiciones extremas y nos esforzamos por encontrar personas dispuestas a hacer ese trabajo”.

En cambio, Wayne Bassett, dueño de la granja productora de césped Beck’s Turf.INC en Tuskegee, Alabama, pese a que reconoce que son una “minoría los indocumentados que causan problemas”, una reforma migratoria debería incluso “cambiar la interpretación de la ley que establece que todo niño hijo de indocumentado sea ciudadano estadounidense”.

Defensa de Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para quien la inmigración es un asunto “emocional”, ha llamado a los latinos a ejercer presión y movilizarse por la reforma migratoria, una de sus promesas de campaña en 2008.

El mandatario ha destacado la importancia de la reforma para la economía y la seguridad nacional, aunque hasta el momento no existen indicios de que pueda lograrla debido al dominio de los republicanos en la Cámara de Representantes, que es donde se encuentra el proyecto.

Obama ha defendido el “Dream Act”, que permitiría la legalización de estudiantes indocumentados que, entre otros requisitos, entraron al país antes de los 16 años, completan al menos dos años de universidad o se inscriben en las Fuerzas Armadas.

Ante la falta de aprobación de una reforma migratoria por parte del gobierno, muchas municipalidades y estados del país implantaron sus propias leyes migratorias.

Entre el 2005 y el 2010, más de 6,000 proyectos de ley relacionados con inmigración fueron presentados en 50 legislaturas estatales y más de 1,000 de estas iniciativas fueron promulgadas, según el último reporte de la Sociedad de las Américas, con sede en Nueva York.

La legislación de Alabama ha causado revuelo debido a que contiene artículos que de aplicarse pueden dejar un hogar sin agua ni energía, sin escuela pública a los niños y, el peor de los temores, separar familias.

Hoy en día, Alabama vive una nueva crisis de derechos civiles, 53 años después que el estado fuera epicentro de la lucha por estas garantías, encabezada por Martin Luther King.

Uno de los motivos del éxodo que produjo la legislación en Alabama es que en su artículo 28 exige a las escuelas públicas del Estado determinar el estatus migratorio de los estudiantes y niega el acceso a educación universitaria a inmigrantes indocumentados.

Deserción escolar

Este artículo quedó bloqueado temporalmente, pero ya al menos 2,000 niños hispanos habían dejado de asistir a las escuelas durante la primera semana que entró en vigencia la ley, según la Asociación del Consejo Escolar de Alabama. Estas cifras son conservadoras para otras organizaciones humanitarias que llegaron a mencionar hasta 5,000 alumnos que dejaron las escuelas públicas.

De igual manera, el artículo 10 de esta ley permite a la policía de Alabama detener o arrestar a cualquier persona que habiendo cometido una infracción menor como conducir con una luz del automóvil dañada, y que es sospechosa de vivir ilegalmente en el estado, puede terminar siendo deportada tras un intercambio de información con la agencia de inmigración y aduanas.

Para Olivia Turner, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Alabama, “la ley no define lo que es sospecha razonable, por lo que el agente de turno, a fin de cumplir con su deber, tiene que averiguar por sí mismo si la persona es legal o ilegal”.

Con ese objetivo, “se pueden basar en el color de la piel, el lenguaje, en algunos casos, en la vestimenta, el acento, el nombre, todas estas cosas que no tienen nada que ver con el comportamiento de alguien o de su conducta ni con que sea un criminal”, añadió.

También establece en su artículo 30 que los indocumentados no pueden realizar “transacciones de negocios” con empresas del estado de Alabama, un aspecto cuya aplicación es tan compleja que puede afectar desde el alquiler de un techo, la renovación de la licencia de un negocio, sacar el permiso de conducir hasta impedir el suministro de servicios públicos como agua y luz.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes como la ACLU, en este estado, han denunciado que algunas empresas de servicios básicos cortaron el agua y la luz a clientes indocumentados que prueban su residencia legal en el país.

Casos de juez a juez

Autoridades en Alabama han manifestado que reina la incertidumbre por la puesta en práctica de la ley antinmigrante incluso mientras los sospechosos son arrestados y enviados a prisión.

Los casos judiciales pueden variar de un lugar a otro, dependiendo de la manera en que la policía local aplica la ley para arrestar al sospechoso. Una vez que esos sospechosos son enviados a los tribunales, el manejo en cada caso puede depender de juez a juez en los 450 casos del estado, a nivel municipal y de condado.

Hispanos más afectados

La draconiana ley de Alabama golpea sobre todo a los hispanos. “La ley es para todos los inmigrantes sin papeles pero es a nosotros, los mexicanos o centroamericanos, a los que nos molestan”, explica Azuzena Santillano, una mujer de 33 años de Durango, dueña de un almacén de productos latinos entre Tuskegee y Auburn, pueblos al este de Montgomery, la capital de Alabama.

Una pareja india que administra uno de los moteles de carretera de la zona también se mostró contrariada por la ley, pero no la perciben como una amenaza a su gente. “Yo entiendo que los políticos quieran controlar a los indocumentados, pero esta ley es muy severa, si nosotros llegamos a emplear a un indocumentado nos quitan la licencia para administrar hoteles”, dijo Dipu Patel, una mujer de 30 años, encargada del registro de huéspedes durante las noches en Microtel Inn. “Esto no debería ser tan duro, y sabemos que es más difícil para los mexicanos que trabajan en fábricas o en los campos”, reconoció Patel.

En las calles de Montgomery, capital de Alabama, y de Birmingham, es casi imposible por estos días cruzarse con trabajadores latinos. En algunos barrios hispanos se dejan ver un poco más distendidos pero admitiendo que “está todo complicado” y que se irán “cuando les llegue la policía”, dicen con cabeza gacha y mirada vigilante.

Ver en la versión impresa las páginas: 4 A