Roberto Mora – Corresponsal /ESTELÍ
Un hostigamiento, que este jueves tuvo su máxima expresión al sufrir la destrucción de una vivienda, es el que vienen sufriendo algunos periodistas de Estelí, quienes tuvieron que pedir la intervención de la Policía para que les brindara el auxilio que necesitaban.
La vivienda de la periodista Martha Celia Hernández resultó parcialmente destruida, por lo que interpuso denuncia y dijo que se reunirán con el exalcalde para aclarar la situación, ya que no puede existir doble escritura emitida por el Registro de la Propiedad.
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Durante la administración del alcalde anterior, Pedro Pablo Calderón, fueron beneficiados con la construcción de una vivienda social seis periodistas y cuatro cabezas de familia más que pertenecen a asociaciones diferentes.
Con el apoyo del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) se impulsó el proyecto de construcción de las casas para igual número de periodistas en el lugar conocido como San Ramón, después de que el propietario del terreno Rafael Briones donara el lugar donde están las casas.
El Invur que —con organismos auxiliares— construyó viviendas en Estelí durante la administración de Enrique Bolaños, fue siempre riguroso con la legalidad del terreno, que fue garantizada por el gobierno local de Estelí.
Los comunicadores pagaron alrededor de mil dólares por el proyecto, sin embargo, desde hace algunas semanas han sido víctimas del hostigamiento emprendido por unas personas que afirman haber comprado el terreno incluyendo el lugar donde están las casas, afirmó la licenciada Yessenia Centeno, una de las afectadas.
Amenazas de desalojo han surgido de parte de quienes dicen representar al señor Denis Meneses Centeno, supuesto comprador del terreno, pero sin presentar hasta el momento algún documento legal además de las fotocopias de un plano.
Cabe señalar que dos de los periodistas ya cuentan con escritura pública debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, pero aún así este jueves se presentó un señor identificado como Armando Rodríguez Meza, quien dio la orden para que unos hombres comenzaran a destruir las viviendas.
Al ser cuestionado por esta actitud Armando Rodríguez Meza, quien aceptó dar la orden de destrucción de la propiedad, aseguró ser abogado representante del dueño del terreno por lo que no necesitaba permiso para entrar.
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