Mario José Moncada
Evelyn Villarreal, coordinadora de Investigación del Informe Estado de la Región, afirma que cuatro de cada diez hogares en los países del CA4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) subsisten en condiciones paupérrimas, con accesos nulos o precarios a los mercados de trabajo y bajísimos niveles de instrucción pública.
La especialista destaca —en declaraciones a LA PRENSA— que esta situación de exclusión social “es algo más que ser pobres”, ya que les impide a esas personas —y les impedirá a sus hijos— optar a mejores empleos y acceder a la seguridad social, “lo que a su vez las condena a vivir con exiguos patrimonios, expuestas a muertes prematuras y a elevados y crónicos riesgos a su integridad”.
Alrededor de 3.3 millones de hogares, o sea aproximadamente 17.2 millones de personas en el istmo, sufren la exclusión social. Son, lo que llama Villarreal, “individuos y hogares sin poder” que han sido “simultáneamente abandonados por el mercado y por el Estado”.
Pero destaca que a las sociedades centroamericanas les conviene reducir la exclusión social para lograr rápidos avances en su desarrollo humano. Con ello aumentarían la producción y la productividad, el bienestar social y el consumo de las personas.
Además mejoraría la calidad de la democracia —asegura Villarreal— “pues la exclusión es una situación política hostil en tanto impide que vastos segmentos de la ciudadanía cuenten con condiciones materiales y simbólicas para participar en la vida pública”.
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