La arbitraria resolución de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la violación sexual contra Fátima Hernández, y los casos de violaciones contra 13 menores en Monkey Point, supuestamente a manos de militares situados en una base en la zona, desde el 2003, fueron los dos casos que organizaciones defensoras de derechos humanos de la mujer expusieron para radiografiar la situación de abusos sexuales en el país ante miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ayer en Washington.
A la audiencia especial asistieron representantes de organismos como Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Ipas, Coordinadora de la Niñez y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otras. En el informe presentado ante la CIDH califican de “peligrosa” la actuación del sistema de justicia en el país, que con el caso Hernández establece un precedente peligroso al referirse a la víctima como “colaboradora”.
El representante del Estado, Iván Lara, alegó que no se puede hablar de que las mujeres estén en completa indefensión, porque en Nicaragua no se favorece la violencia contra las mujeres.
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Las representantes de las organizaciones peticionarias externaron la preocupación de que esto haya ocurrido, después que en marzo pasado el magistrado Francisco Rosales asistió a la audiencia anterior en representación del Estado de Nicaragua, donde abordaron el tema. Rosales fue uno de los firmantes de la sentencia en el caso Hernández.
Azahálea Solís, del MAM, explicó que lo grave es que hayan utilizado el consumo de “cerveza” como atenuante para el reo y responsabilidad para la víctima.
Las defensoras de las mujeres demandan a la CIDH pedir al Estado de Nicaragua que implemente los protocolos de atención de la violencia intrafamiliar y violencia sexual bajo los principios y estándares internacionales. También insisten en la derogación de la penalización del aborto terapéutico y se garantice como derecho a las víctimas de violencia sexual.
Solís recordó que desde hace 40 meses la Corte Suprema de Justicia sigue sin pronunciarse sobre 30 recursos por inconstitucionalidad contra la penalización del aborto. Iván Lara, en representación del Estado, justificó que en el caso de Monkey Point no existe ninguna acusación y sobre el caso Hernández prefirió hacer el análisis en otro escenario porque había poco tiempo en la CIDH.
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