La sobrepoblación carcelaria incide en que los adolescentes permanezcan junto a reos adultos. LA PRENSA/ARCHIVO

Incumplen ley

La justicia ha sido tardía para la mitad de los adolescentes en el último año y medio.

Por Elízabeth Romero

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Jenny Palacios, directora de Defensa de la Procuraduría de Derechos Humanos, explicó que el estudio se realizó a través de entrevistas a funcionarios de los ocho juzgados de distrito en el país, jefes de penales, y a adolescentes privados de libertad. También respondió a una guía de observación en las celdas.

La Procuraduría recomienda a la Asamblea Nacional destinar mayor presupuesto al Ministerio de Gobernación, para que cumpla con los centros especializados para albergar adolescentes infractores de la ley. Y a la Corte Suprema de Justicia recomienda nombrar un Juez de Adolescente en el Triángulo Minero.

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La justicia ha sido tardía para la mitad de los adolescentes en el último año y medio.

Esto lo revela un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que indica que un 48 por ciento de las causas abiertas a menores en los ocho juzgados de Adolescentes y el de Juicio de Siuna, no se resolvieron.

En total fueron 2,843 y se resolvieron 1,247, según el informe.

Javier Lola, coordinador del equipo de fiscalización, explicó que en ese mismo período, los centros penitenciarios y dos delegaciones policiales con celdas preventivas albergaron una población penal de 7,223 personas, de las que únicamente 144 son adolescentes.

GRUESO EN MANAGUA

La mayoría de las causas penales fueron recibidas en Managua, seguido de Matagalpa y Chinandega, por considerar que son los lugares donde hay una mayor población penal en general. La fiscalización permitió a la Procuraduría identificar que el problema en general existente en los centros penitenciarios es “de hacinamiento por sobrepoblación debido a la poca capacidad actual de la infraestructura instalada”.

Lola explicó que un 74 por ciento de los adolescentes detenidos dijo compartir celdas con adultos, pero no lo reconocieron como violación de sus derechos humanos.

Igual un 80 por ciento manifestó tener acceso a la defensa, aunque un 66 por ciento señaló que la defensa fue de oficio, por lo que externaron inconformidades dado que después del juicio ellos no recibieron más visitas, y consideran que no los defendieron de forma adecuada ni les explicaron sobre el proceso. Únicamente el 32 por ciento apeló. El funcionario explicó que comprobaron que las penitenciarías han cumplido con algunos derechos de los internos como a la salud, alimentación, educación, entre otros.

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