Por Gloria Picón Duarte
Tanto Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), como Luisa Molina, de la Coordinadora Civil, señalan el hecho de que en los municipios donde han ocurrido hechos de violencia por la demanda de cédulas de identidad, que son mayoritariamente oposisitores, obedece a un cálculo electorero del Frente Sandinista para obtener mayoría en Asamblea Nacional.
En esos 80 municipios, se detectaron un total de 713 personas a las que se les ha entregado cédula en su casa de las cuales el 61.6 por ciento ha sido entregada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y solo el 30 por ciento por el Consejo Supremo Electoral (CSE).
En el mismo informe se conoció que más del 50 por ciento de las personas que llega a retirar su cédula la excusa que recibe por parte del Consejo Supremo Electoral es “no ha venido (la cédula)”.
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“Ellos van a maniobrar donde saben que son minoría. Saben que son minorías porque tienen un control bien documentado de cómo están en cada municipio; no podemos desligar lo que pasó en las elecciones del 2008, donde se dio el fraude”, expresó Núñez.
Por su parte el director del Grupo Cívico Ética y Transparencia, Roberto Courtney, manifestó que el problema de la partidarización y el colapso del Consejo Supremo Electoral (CSE) ha generado que el partido de gobierno esté a cargo de todas las actividades administrativas.
“Una de las actividades administrativas fundamentales es cedular y ha empezado a tener un manoseo y por lo menos la mitad de los Centros Electorales Municipales (CEM) donde uno acude a solicitar su cédula permanecen cerrados antes de las elecciones y abren un par de meses antes y muchos nunca abrieron o dijeron no tener papelería”, manifestó Courtney.
En varias ocasiones el presidente de facto del CSE, Roberto Rivas Reyes, ha dicho que las protestas demandando cédulas en varios municipios responde a maniobras políticas que pretenden desestabilizar el proceso.
Núñez señala que dichas declaraciones parecieran darse en un país lejano ya que por un lado se ven a personas sencillas demandando su cédula y por otro a las autoridades electorales diciendo que todo está en orden.
Mientras tanto, Molina indicó que el CSE no está calificado para contestar, “porque son magistrados que están usurpando un cargo; si ellos no respetan la Ley, menos vamos a estar aceptando sus planteamientos”.
La experta en derechos humanos indicó que además se ha visto contradicciones porque en otros momentos los mismos magistrados han dicho que la mayoría tiene su cédula y luego dicen que no las llegan a retirar. “Eso es una aceptación tácita de las autoridades del CSE de que tienen en su poder las cédulas y no las quieren entregar”.
Núñez agregó que todo obedece a una maniobra más del Frente Sandinista para obtener los resultados que esperan, lo cual no es solo la victoria de la reelección de Daniel Ortega, sino la mayoría calificada en la Asamblea Nacional (AN).
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