Por Moisés Martínez
La noche del miércoles pasado, luego que la Policía Nacional reprimió a los reclamantes por cédulas de identidad de San Juan del Río Coco, un frío rumor recorría las oscuras calles de este poblado. Durante la refriega, los oficiales habían matado a uno de los manifestantes. La madre y la tía del supuesto fallecido, un joven llamado Alexis, preguntaban angustiadas por todos lados dónde estaba el cadáver, para ver si era cierto que él era el muerto.
A la mañana siguiente finalmente se supo que Alexis estaba en las montañas, adonde huyó junto con decenas de campesinos de los agentes antidisturbios. Pero, ¿cómo inició el rumor? Cuando se dio el operativo de desalojo, partidarios orteguistas fueron a la casa del muchacho a celebrar a gritos que a Alexis lo había matado la Policía por andar “jodiendo” por las cédulas. Todo había sido una patraña para atormentar a la familia, conocida por ser simpatizante liberal.
Esta tendencia, de una u otra forma, se replicó en los tres poblados de Las Segovias: El Jícaro, Ciudad Antigua y San Juan del Río Coco, en los que se dieron protestas por la falta de entrega de cédulas de identidad.
En todos estos lugares los protestantes eran acosados por las turbas del Gobierno, ante la vista y paciencia de las autoridades policiales. En San Juan del Río Coco, detrás de los agentes antidisturbios que reprimían a los reclamantes de cédulas, partidarios de gobierno iban vitoreando a la Policía Nacional por el operativo.
En El Jícaro, donde los protestantes se tomaron la sede del Consejo Electoral Municipal (CEM) y retuvieron a tres de sus funcionarios, antes que la misma Policía, fueron los mismos orteguistas los que intentaron recuperar el edificio por la fuerza, provocando un enfrentamiento callejero.
En Ciudad Antigua, los ocho detenidos por reclamar cédulas se quejaron de que fueron vapuleados por los agentes cuando fueron aprehendidos al igual que cuando estaban en las celdas de la delegación.
Los mismos jefes policiales están conscientes de esta situación, pero siempre se excusan en argumentos tales como que no cuentan con efectivos suficientes para controlar a los partidarios de gobierno. Al menos eso es lo que alegan en las reuniones que se sucedieron para poner fin a los conflictos. Sin embargo, evaden enfrentar las preguntas de los medios de comunicación independientes sobre esta actitud.
“La gente estaba en el tranque esperando ver qué pasaba en las negociaciones cuando de pronto los sandinistas del barrio de arriba, de Las Nubes, empezaron a tirarles piedras y gritarles cosas a la gente de los tranques. Todo esto fue rápido, porque la gente estaba reclamando cuando se les vino encima la Policía para sacarlos”, relató.
La Policía Nacional se ha negado a aclarar por qué reprimió con violencia la protesta, cuando estaban negociando el fin de los tranques en la casa parroquial San José. En esas pláticas estaba participando el mismo jefe policial del departamento de Madriz, el comisionado mayor José Antonio Dolmus. El funcionario se declaró, todas las veces que lo abordamos, demasiado ocupado para atendernos.
“Yo lo que vi es que la Policía como que se vino para ayudar a los sandinistas que estaban tirando piedras. Pero por lo que haya sido, ellos no tenían derecho a venirme a patear las puertas de mi casa para catearla, solo porque los sandinistas les estaban gritando que yo aquí guardaba las armas de la gente, si aquí nadie estaba armado, lo que tenían eran palos y piedras”, continuó contándonos.
María de los Ángeles, una agitada partidaria sandinista que estaba gritando y celebrando cuando los antimotines iniciaron el operativo, niega que ellos hayan iniciado la reyerta.
“Eso es mentira. Eso es mentira; nadie estaba haciendo nada, solo mentiras son los de la derecha; que LA PRENSA diga la verdad, que la diga”, dijo entre gritos.
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SIN EXPLICACIONES
El jefe policial de El Jícaro, Juan Diego Robleto, alegó que las autoridades departamentales eran las únicas que podían atendernos. En la casa departamental del Frente Sandinista del poblado se nos dijo que el secretario político Marvin Vásquez estaba ocupado para responder, porque sus partidarios andaban en camionetas con emblemas gubernamentales recorriendo el poblado en labores de patrullaje para evitar que se dieran nuevas protestas por las cédulas.
A San Juan del Río Coco llegó el mismo jefe policial de Madriz, José López Dolmus. Nunca quiso brindar su versión sobre por qué ordenó el operativo de desalojo de los tranques, mientras él estaba sentado con los líderes de la protesta a minutos de firmar acuerdos para poner fin al conflicto, gracias a la mediación de la Iglesia católica y evangélica, y Roberto Petray, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Humanos (ANPDH).
“Ya hemos logrado soluciones pacíficas en San Fernando, Teotecacinte y Ciudad Antigua con el diálogo, con la participación de los comisionados mayores. Pero con acciones de la Policía como las ocurridas en San Juan del Río Coco, más bien se está poniendo en riesgo la seguridad ciudadana, porque las consecuencias que podrían venirse después son las que como organismo de derechos humanos queremos evitar”, advirtió Petray.
La permisividad de la Policía Nacional se suma a la partidización e ineficiencia de los CEM de la zona. “Aquí tenemos a más de 800 personas reclamando sus cédulas, pero los sandinistas andan dando cédulas a todos los que dicen que van a votar por ellos, y además están cedulando a menores de edad y extranjeros”, asegura Luis Sarrantes, candidato de la alianza PLI-UNE al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y uno de los negociadores de la tregua que puso fin al conflicto en El Jícaro.
SAL PARA LAS HERIDAS
En San Juan del Río Coco el director del CEM, Everth González Medina, tomó la irresponsable decisión de no enfrentar la crisis y esconderse. Son 1,200 cédulas las que están siendo reclamadas en el pueblo. No llegó a las negociaciones para poner fin a los tranques y nunca estuvo en el CEM las tres veces que fuimos a buscarlo.
Igualmente al margen se mantuvo el alcalde liberal (quien se habría aliado a los sandinistas) Asisclo Laguna. Ya sea por vías pacíficas o reprimiendo a los ciudadanos como ocurrió en San Juan del Río Coco, las protestas por las cédulas han sido controladas, pero el enojo y las inconformidades siguen vigentes, y existe un temor a que las mismas elecciones venideras más bien sean como sal para estas heridas.
l tranque principal en San Juan del Río Coco estaba exactamente enfrente del hospedaje y comedor El Chele. A su propietaria, la señora Yamileth González Velásquez, le tocó estar en primera fila cuando la Policía Nacional irrumpió con fuerza para desalojar a los ciudadanos que protestaban por la falta de entrega de sus cédulas de identidad.
“La gente estaba en el tranque esperando ver qué pasaba en las negociaciones cuando de pronto los sandinistas del barrio de arriba, de Las Nubes, empezaron a tirarles piedras y gritarles cosas a la gente de los tranques. Todo esto fue rápido, porque la gente estaba reclamando cuando se les vino encima la Policía para sacarlos”, relató.
La Policía Nacional se ha negado a aclarar por qué reprimió con violencia la protesta, cuando estaban negociando el fin de los tranques en la casa parroquial San José. En esas pláticas estaba participando el mismo jefe policial del departamento de Madriz, el comisionado mayor José Antonio Dolmus. El funcionario se declaró, todas las veces que lo abordamos, demasiado ocupado para atendernos.
“Yo lo que vi es que la Policía como que se vino para ayudar a los sandinistas que estaban tirando piedras. Pero por lo que haya sido, ellos no tenían derecho a venirme a patear las puertas de mi casa para catearla, solo porque los sandinistas les estaban gritando que yo aquí guardaba las armas de la gente, si aquí nadie estaba armado, lo que tenían eran palos y piedras”, continuó contándonos.
María de los Ángeles, una agitada partidaria sandinista que estaba gritando y celebrando cuando los antimotines iniciaron el operativo, niega que ellos hayan iniciado la reyerta.
“Eso es mentira. Eso es mentira; nadie estaba haciendo nada, solo mentiras son los de la derecha; que LA PRENSA diga la verdad, que la diga”, dijo entre gritos.
VIOLENCIA POLICIAL
Pero el testimonio de González Velásquez coincide con el de María Danelia Orozco Herrera, cuya casa estaba frente al segundo tranque en la vía que conecta a Wiwilí.
Esta ama de casa fue la que con lágrimas de furia le reclamó en la cara al comisionado mayor Dolmus el porqué los agentes antidisturbios también entraron a su casa para catearla, cuando se estaba dando el desalojo.
“Me patearon por gusto las puertas de mi casa sin importarle que acá había niños. La gente solo estaba reclamando sus cédulas, no era para que les cayeran como perros si todo el mundo sabía que ya se estaban negociando acuerdos. No sé cómo hablan de paz, cuando están provocando que la gente los odie, porque es claro cómo hicieron todo eso para ayudar a los sandinistas que estaban desde arriba molestando a la gente”, aseguró, mientras desde la acera de enfrente una activista sandinista la ofendía por estar dando declaraciones a este Diario. MOISÉS MARTÍNEZ
Mientras la Policía Nacional sometía a los reclamantes de cédulas de identidad, estos eran seguidos y vitoreados por activistas orteguistas que celebraban el operativo. LAPRENSA/OSCAR NAVARRETE
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