Por Hjalmar Ruiz Tückler (*)
En los últimos cinco años se han registrado cambios sin precedentes en la industria mundial de las telecomunicaciones. La tendencia es hacia la liberalización de los mercados. No obstante se ha hecho evidente que la intervención reglamentaria es necesaria por múltiples motivos, entre ellos el económico.
En general se producen dos procesos paralelos e interdependientes como son la generación de políticas públicas de carácter sectorial y la propia actividad regulatoria.
No obstante, hoy día ante las realidades de los mercados es necesaria la regulación “independiente” como un elemento fundamental para la seguridad jurídica del sector por su influencia en el crecimiento y dinamismo de los mercados en procesos de liberalización o más apropiadamente en procesos de apertura a la competencia global.
Es más pertinente hablar de apertura de mercados que de liberalización, ya que en los procesos regulatorios se restringe fuertemente la libertad de acción de los operadores hasta que el mercado vaya entrando en una situación de plena competencia. Se abren los mercados aumentando simultáneamente la regulación.
En este marco es posible ver en este momento la regulación independiente conjuntamente con empresas operadoras estatales, de propiedad mixta o privadas. El tema de la propiedad es irrelevante desde el punto de vista de la regulación e independiente del objetivo de lograr el máximo bienestar para la sociedad.
En estos procesos se establece en primer lugar la separación de las funciones de definición de políticas y de regulación de las funciones propias de prestación de los servicios a través de operadores. Aún en los casos en que la propiedad del operador sea estatal existen organismos independientes dentro del Estado, responsables por un lado de la regulación y por otro de la operación.
No obstante, esta separación de organismos, cuando la autoridad regulatoria no tiene independencia absoluta del poder político y el operador es estatal, suele continuar la confusión de roles muy similar a la situación prerregulatoria.
La definición de las políticas en los países reside en alguna oficina o ministerio del poder ejecutivo y en el poder legislativo. En el caso de un bloque de países como la Unión Europea los aspectos de las políticas que son de interés común, por sus atribuciones, son definidos por la Comisión Europea.
La Dirección General de la Sociedad de la Información ha establecido y mantiene un marco regulador para generar competencia y estimular el desarrollo de aplicaciones y contenidos. Es por tanto la responsable de implementar las políticas de la Comisión Europea y seguir el alineamiento con la orientación europea de los Marcos Regulatorios de los países.
La ejecución de las políticas del sector está a cargo de la Autoridad Nacional Regulatoria, denominada también Ente u Organismo Regulador. En los Estados Unidos se encuentra la particularidad de que esta actividad está compartida entre la FCC (Federal Communications Commission), las Comisiones de Servicios Públicos (Public Utilities Commissions) de los Estados, el poder judicial y las legislaturas estatales.
Otros organismos del Estado suelen cumplir papeles importantes relativos a la regulación en el área de defensa de la competencia, la protección al consumidor o en el establecimiento y supervisión de condiciones de operación.
(*)Consultor
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