CIUDAD DEL VATICANO/AFP
El portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, desmintió categóricamente este viernes que el papa Benedicto XVI haya llamado a las autoridades mexicanas como forma de presión para que aprobaran importantes leyes antiaborto.
“Se trata de noticias sin fundamento. El Papa nunca se ha comportado así, ni en el pasado ni en esta ocasión”, declaró padre Lombardi a la AFP.
El vocero del pontífice subrayó que la noticia ha sido desmentida también por las autoridades involucradas. “Todos han desmentido, todos”, agregó.
Un obispo mexicano aseguró que una llamada del Papa fue decisiva en los fallos de la Suprema Corte de Justicia de México que esta semana avaló dos legislaciones locales consideradas antiaborto.
La noticia fue desmentida en efecto este viernes por el máximo tribunal. “Casi perdíamos, pero una llamada del Papa, no sé a quién, no me pregunten, cambió todo”, dijo el jueves José Isidro, obispo de Mexicali, capital del estado de Baja California (noroeste) al comentar la cerrada votación en la Corte.
La versión del obispo fue refutada en un breve pronunciamiento de la oficina de prensa del máximo tribunal, que negó la existencia de la supuesta llamada del Papa y subrayó que “los ministros resuelven sólo guiados por sus criterios jurídicos”.
El miércoles y ayer jueves, la Suprema Corte desestimó, por solo un voto, dos recursos que pedían declarar inconstitucional reformas legales en pro del aborto en Baja California y San Luis Potosí (norte), argumentando que, desde el momento en que ocurre la concepción, un ser vivo existe.
En 2008, la Suprema Corte avaló una ley de la Ciudad de México que permite interrumpir el embarazo durante los primeras 12 semanas de gestación.
Desde entonces, en medio de una campaña de la Iglesia y de grupos conservadores, en 18 de los 31 estados que conforman México se aprobaron reformas que se basan en la idea de que, desde el momento en que ocurre la concepción, un ser vivo existe.
Organizaciones feministas y juristas críticos de estas reformas han advertido sobre el riesgo de consagrar este principio como norma constitucional, pues jueces de criterio conservador podrían considerar el aborto como un infanticidio con agravantes, como el de ser cometido por un familiar, e imponer condenas de hasta 50 años de cárcel.
