Por Ramón H. Potosme
Esta vez son los familiares de alguien que paga condena por narcotráfico. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) prometió resolver el recurso de casación en los términos de Ley, pero nueve meses después esto no ha ocurrido.
El caso es el de Frank Oviedo, condenado por narcotráfico y delitos relacionados con el crimen organizado. Por Oviedo, a siete familias, sin tener acusación, les decomisaron sus propiedades.
Por ello, Everth Martínez se declaró en huelga de hambre rodeado de 19 personas, entre estas 11 niños que ahora están en champas inhóspitas en las afueras del poder judicial.
Según Martínez, la Procuraduría General de la República (PGR) les quitó a todos los afectados más de 500 manzanas e igual número de reses que, según él, han sido arruinadas por la Universidad Agraria.
Telémaco Talavera asegura que los señalamientos son falsos, pues las usan con fines académicos y han invertido en el mantenimiento de los bienes.
El procurador nacional penal, César Guevara, rechazó que administrativamente hayan dispuesto de los bienes de los demandantes pues se hizo en base a la sentencia de la sala uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) que ratificó, además de la condena de Oviedo, el decomiso de las propiedades de los demandantes dictadas por el juez Segundo de Juicio.
Sin embargo, algunos de los demandantes aseguran que tienen una sentencia a su favor emitida por la sala dos del TAM.
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