Por Josué Bravo
CORRESPONSAL/COSTA RICA
El gobierno de Nicaragua criticó la Ley Migratoria costarricense, la cual encarece los costos de regularización a foráneos y establece nuevos cobros que a juicio de la primera cónsul de Nicaragua, Aminta Ortiz, obliga a los nicaragüenses a pagar dos veces para el rubro de salud.
En un encuentro ecuménico binacional sobre migración, organizado en San José, Costa Rica, por la asociación Ticos y Nicas: Somos Hermanos; Ortiz señaló que la ley vigente desde el año pasado aumenta el costo del trámite de residencia y permisos de trabajo, una queja generalizada entre la comunidad nicaragüense y organizaciones que defienden sus derechos.
Según el Servicio Jesuita para Migrantes, alrededor de 373 dólares debe pagar el inmigrante al gobierno costarricense al momento de regularizarse, eso sin contar gastos adicionales como obtención de documentos autenticados o viajes a Nicaragua para obtener una visa que le permita iniciar el trámite.
La ley ordena inscribirse a la seguridad social cuando se obtiene la regularización, pero además el pago de 25 dólares anuales, dinero que será destinado a salud y educación.
“Como que en salud se está pagando dos veces, tanto al asegurarse como el canon”, señaló Ortiz.
Otra queja fue las redadas que migración aplica en sitios de concentración de nicaragüenses, el trato xenófobo hacia los ciudadanos, así como decomiso y destrucción de parte de la Policía Profesional de migración de cédulas de residencias, a veces vencidas, que portan los coterráneos.
Sobre los altos costos, la directora de migración, Kathya Rodríguez, quien participó en el encuentro, justificó que la nueva ley contempla la sostenibilidad económica de la gestión económica para brindar mejor servicio.
De las redadas dijo que no son como tal, sino controles migratorios donde cada caso se individualiza y no son deportados de una vez hacia Nicaragua. Sobre los pagos a la seguridad social, Rodríguez indicó que se le exige al solicitante la colilla de la Caja del Seguro una vez que se otorgó el estatus migratorio y no al inicio, como se hacía hasta hace algunos meses.
La primera cónsul Aminta Ortiz instó a poner denuncias sobre el trato discriminatorio que puedan incurrir algunos funcionarios de esa dependencia.
