En el reportaje titulado Derecho o desecho, publicado en LA PRENSA del domingo pasado, se pusieron en contraste los argumentos de un jurista de la sociedad civil, crítico del desastre institucional creado por Daniel Ortega con sus violaciones sistemáticas de la Constitución y las leyes, y los de un jurista oficialista que trató de justificar los atropellos al Estado de Derecho por parte del actual gobierno.
Por definición, jurista es una persona que profesa el derecho y lo aplica correctamente, con un claro sentido de justicia, de acuerdo con el principio básico del derecho que consiste en dar a cada quien lo que le corresponde.
Sin embargo, también hay juristas que son antijurídicos, o sea que actúan contra derecho de manera deliberada con el fin de satisfacer a un cliente a cambio de beneficios económicos, o servir a un patrón político para obtener y mantener un apetitoso empleo público .
De manera que no puede ser motivo de sorpresa que haya juristas, incluso miembros de alto nivel del Poder Judicial de Nicaragua, que justifiquen los atropellos de Daniel Ortega contra la Constitución y el Estado de Derecho. Ya en el editorial de LA PRENSA del 9 de abril del año pasado, el cual titulamos Los juristas del horror, habíamos dicho que “sentimientos encontrados de lástima y desprecio al mismo tiempo, provocan de manera inevitable los abogados que promueven y justifican con argucias seudojurídicas, los atropellos “legales” de Daniel Ortega contra la Constitución, la ley común y los principios más elementales de la decencia jurídica”.
También recordamos en aquella ocasión, que los crímenes más atroces y aborrecibles que se han cometido a lo largo de la historia de la humanidad, han sido justificados por algunos juristas con argumentos legales falsificados. Por ejemplo, los famosos procesos de Moscú en tiempos del estalinismo, mediante los cuales millones de personas inocentes resultaron condenadas injustamente a muerte, prisión y destierro, fueron sustentados con argumentos jurídicos por los abogados comunistas de la Unión Soviética. Y lo mismo ocurrió con el nacional socialismo o nazismo alemán, cuyas atrocidades fueron justificadas por juristas alemanes que después fueron juzgados por el tribunal internacional de Nüremberg y condenados por haber sido cómplices, coautores e inclusive instigadores de crímenes de lesa humanidad.
“La ley y la voluntad del Führer (es decir, del caudillo) son la misma cosa”, aseguró Herman Goering, lugarteniente de Adolfo Hitler, en una reunión con abogados y fiscales alemanes nazis realizada el 12 de julio de 1934. Así actuaban los juristas de Hitler. Por eso, en la sentencia del tribunal internacional que los juzgó y condenó, quedó consignado para la historia que en aquel régimen infame “el puñal del asesino se ocultaba bajo la toga del jurista”, y que lo peor de todo es que habían cometido sus crímenes cubiertos con el ropaje de la legalidad.
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