Por Ramón H. Potosme
La comisión investigadora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no encontró irregularidades en el actuar del Instituto de Medicina Legal (IML) y concluyó que se trata de una «trama difamatoria de empleados desleales» que actuaron por ambiciones personales.
El IML, fue señalado mediante denuncias anónimas de tráfico de influencias e irregularidades administrativas en las que señalan la alteración de exámenes médicos legales para favorecer o afectar a reos, así como cobros por servicios adicionales como la preparación de cadáveres. También señalaron mal uso de fondos de la cooperación internacional.
Al respecto, según un comunicado de la CSJ, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial tomará medidas administrativas que aplicará con rigor para que ese tipo de denuncias no vuelvan a ocurrir.
«Prácticamente todos los investigados manifestaron que tal afirmación jamás pasó de ser más que un chisme anónimo. Sin embargo, la investigación sí reveló que se presentaron situaciones en las que se había intentado priorizar o agilizar la emisión de algunos dictámenes», indica el comunicado del poder judicial.
La investigación fue coordinada por la magistrada Yadira Centeno y le acompañaron los magistrados Edgard Navas y Ligia Molina quienes, según ellos, constataron que no hubo mal uso de los recursos de la cooperación española.
