El sábado por la tarde, después de dos horas de cifras, cifras y más cifras, ante miles de simpatizantes el candidato inconstitucional del Frente Sandinista, el presidente Daniel Ortega, no ofreció en su plan de gobierno —a excepción de celulares— más que lo que ya había anunciado el 19 de julio, “más de lo mismo”, pero de fortalecer la institucionalidad del país nada, ni una palabra.
La alianza PLC acompaña a Ortega en su conveniente olvido, el eje principal de campaña de esta alianza es un millón de empleos, pero de fortalecer la institucionalidad del país tampoco hay una línea. Hasta ahora la excepción parece ser la alianza PLI, quien en su plan de gobierno tiene como uno de sus ejes principales restituir y consolidar la institucionalidad del país.
A criterio de monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, ningún partido político o candidato puede excluir el aspecto de la institucionalidad en su plan de gobierno, porque aunque no parezca un problema que afecte directamente a la población, a la larga es lo que asegura la convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y una serie de condiciones que fortalecen la gobernabilidad y el bienestar del país.
“Nosotros desde hace mucho tiempo, incluso en estos dos años hemos hecho ver que el problema institucional es grave, sigue siendo grave el problema de la educación, la salud, la vivienda, la falta de trabajo, todos son problemas graves que todo gobierno tendrá que afrontar, pero la Iglesia ha mantenido siempre la posición de venir diciendo que se pueden solucionar sobre un Estado de Derecho sólido, sobre una institucionalidad que se respete en el país, creemos que la población tiene que abrir los ojos y darse cuenta que este es un problema serio”, expresó monseñor Báez.
Para el jurista Gabriel Álvarez, esa ausencia en común de esos dos partidos revela dos cosas: “Una es que se sienten bien, si no proponen cambios es que se sienten bien y es obvio porque son quienes han diseñado el modelo institucional de Nicaragua, son quienes han usufructuado, son quienes han dividido las instituciones y poderes del Estado en dos mitades…”.
El jurista coincide con el religioso al afirmar que aun cuando lograran con éxito los planes de gobierno en el plano económico y social, si no son sustentados en cambios estructurales en la institucionalidad democrática, dependeríamos de cuestiones a corto plazo. “Poniéndolos en el mejor de los escenarios, suponiendo que los logros se alcanzaran eso no serviría para darle al pueblo las condiciones que se necesitan para salir de la pobreza y entrar al desarrollo”, señaló Álvarez.
CONVENIENCIA
El jurista Gabriel Álvarez señaló que tanto para la alianza PLC como para el Frente Sandinista plantear una recuperación de la institucionalidad puede ser una autocrítica demoledora. Añadió que en el caso del presidente Ortega es más fácil que las cosas estén como están porque él es quien domina los poderes del Estado y en el caso del candidato de la alianza PLC, Arnoldo Alemán, puede ser que quiere seguir así o bien no puede hacer nada y declara incompetencia implícita y a la vez no quiere asumir autocríticamente la responsabilidad que le toca en el deterioro institucional.
En cuanto a que la población no se percata de lo importante que es el fortalecimiento de la institucionalidad del país para salir de la pobreza, Álvarez señaló que eso pasa por la misma demagogia de los políticos, por lo cual hace un llamado a los dirigentes de la sociedad civil, empresarial y religiosa, para ir educando a la población acerca de que la solución de los problemas es integral.
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