WASHINGTON/AP
Los extranjeros sin papeles están pagando los platos rotos de las fallas en la política de seguridad que permitieron los ataques del 11 de septiembre de 2001.
El entonces presidente George W. Bush, no logró promover una reforma migratoria en 2007 ante las críticas de que equivalía a una amnistía para los inmigrantes que se cruzaron la frontera sin permiso o que extendieron el tiempo permitido en sus visas.
Después de los ataques terroristas, se creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), que generó una mayor participación de policías locales en la aplicación de leyes migratorias a través de programas como el 287(g) que permite a los agentes indagar el estatus migratorio de los detenidos en las cárceles para gestionar su deportación.
Otro programa es el de Comunidades Seguras que autoriza a los policías procesar las huellas dactilares de los detenidos en varias bases de datos federales para determinar si la persona está ilegalmente en el país. Activistas del Foro Nacional de Inmigración, han dicho que este programa carece de base legal y violaría la presunción de inocencia.
Por su parte, Arizona, Georgia, Alabama, Carolina del Sur y Utah aprobaron leyes diseñadas para criminalizar la presencia de extranjeros sin papeles.
La enorme cantidad de deportaciones y el estancamiento de una reforma migratoria prometida en la pasada campaña electoral por Barack Obama —quien busca la reelección en 2012— le han generado fuertes críticas de la comunidad hispana. El gobierno federal anunció, a mediados de agosto, que deportará únicamente a las personas con antecedentes delictivos o que constituyan una amenaza para la sociedad.
Silky Shah, directora de Detention Watch Network, organización que sigue de cerca el tema de las detenciones de indocumentados, expresó que “los abusos son desenfrenados en los centros de detención”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en marzo un informe en el que se expresó “profundamente preocupada” por el uso excesivo del aislamiento no solo como instrumento disciplinario, sino para proteger a inmigrantes vulnerables como homosexuales, minorías religiosas y discapacitados mentales.
“Siempre mantendremos nuestro derecho a usar la fuerza contra grupos como Al Qaeda que nos han atacado y aún nos amenazan”, destacó Clinton.
Al menos dos de los tres individuos implicados en esa amenaza serían estadounidenses, indicó la cadena CNN.
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400,000 indocumentados fueron detenidos en la frontera entre EE. UU., y México. En el año 2000 detuvieron a 1.6 millones.
392,000 personas fueron deportadas en 2010, mientras que 174 mil lo fueron en el año 2004, según DSH.
423 personas fallecieron al intentar cruzar la frontera en 2009 según la oficina de protección fronteriza y aduanera (CBP por sus siglas en inglés).
En 2005 murieron 492. Los decesos se deben al calor extremo y por los bandidos y traficantes de los cárteles.
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