La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) ha juzgado el caso de la política guatemalteca Sandra Torres, a quien no se le permitió ser candidata presidencial en su país porque era la esposa del presidente Álvaro Colom, y según sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, ella se divorció maliciosamente para evadir la norma constitucional que prohíbe a los parientes cercanos del primer mandatario optar al máximo cargo público de la nación.
Sin embargo, la CCJ no ha conocido el caso, que es todavía peor, de la candidatura de Daniel Ortega a otra reelección presidencial, la cual es prohibida expresamente por el artículo 147 de la Constitución Política de la República. Para imponer su candidatura ilegítima, Ortega hizo que sus magistrados en la Corte Suprema de Justicia reformaran de hecho la Constitución, sin estar facultados para hacerlo, cometiendo un atropello al orden constitucional de Nicaragua que el tribunal centroamericano debió haber conocido y juzgado.
Según el artículo 6 de su Estatuto, la Corte Centroamericana de Justicia “representa la conciencia nacional de Centroamérica y se considera, además, depositaria y custodia de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana”. De manera que esta Corte tiene competencia jurídica para juzgar la violación en Nicaragua a uno de los valores fundamentales de la nacionalidad centroamericana, cual es la constitucionalidad y el Estado democrático de derecho.
El presidente de la CCJ, magistrado Francisco Darío Lobo Lara, dijo el jueves pasado a miembros de la Mesa de Concertación Democrática, que ningún partido político o ciudadano nicaragüense ha recurrido por ese caso ante el tribunal regional. Pero los miembros de la mencionada organización cívica se abocaron con el magistrado Lobo Lara, precisamente para entregarle un escrito en el que piden a la CCJ que se pronuncie sobre la candidatura de Daniel Ortega, que viola de manera flagrante la Constitución de Nicaragua.
De la explicación del presidente de la CCJ se deduce que los partidos políticos que han impugnado públicamente la candidatura de Ortega, por ser inconstitucional e ilegítima, debieron haber presentado formalmente el caso ante ese tribunal, pero no lo hicieron. Tal vez esto se debió en lo que se refiere a unos partidos a falta de iniciativa, pero en otros a que su impugnación a la candidatura de Daniel Ortega es solo para fingir oposición.
En todo caso, esto demuestra que en términos generales no hay en Nicaragua partidos de verdadera oposición, sino partidos de no oposición.
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