ACAN-EFE
La Mesa de Concertación Democrática,denunció hoy ante el Ministerio Público al presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, por enriquecimiento ilícito, informó el secretario de esa agrupación, Carlos Cabistán.
La denuncia fue interpuesta por el grupo opositor, integrada por varios organismos de la sociedad civil críticos con el Ejecutivo, ante la fiscal de Managua, Blanca Salgado.
Los organismos piden aclarar el origen de tres aviones privados que supuestamente compró Rivas en el ejercicio de sus funciones por un valor total de 3.5 millones de dólares.
En el escrito acusatorio la Mesa señala que el presidente del Poder Electoral se compró esos tres aviones, de matrículas estadounidenses, cuando su salario mensual es de unos 5.000 dólares.
«Es un absurdo que Roberto Rivas, con un salario de 5.000 dólares al mes, se compre tres aviones valorados en 3,5 millones de dólares. Ya eso lo comparamos con el magnate Carlos Slim» de México, señaló a periodistas Carlos Cabistán.
Rivas, cuyo período ya se venció, es magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua desde 1995 y ocupa la Presidencia de ese poder del Estado desde 2000.
Cabistán agregó que entre las pruebas presentadas para apoyar esa denuncia están las publicaciones periodísticas que en los últimos tres años ha hecho la prensa local sobre ese caso.
Según la ley, el Ministerio Público tiene 20 días para valorar el caso y resolver si ejercerá la acción penal.
La acusación contra Rivas fue interpuesta a 75 días de que Nicaragua celebre elecciones presidenciales y parlamentarias.
El titular del CSE dijo el viernes pasado, al ser consultado por periodistas sobre el caso de los aviones, que no respondería a «asuntos privados».
Se limitó a decir que las informaciones publicadas por LA PRENSA y El Nuevo Diario, de Managua, «no se ajustan a la verdad».
Rivas, a quien se le venció su período en junio de 2010 y se mantiene en su cargo amparado por un Decreto Ejecutivo avalado por la Corte Suprema dominada por los sandinistas, goza de inmunidad por su cargo.
Para ser desaforado un juez electoral se requiere del voto de 47 de los 92 legisladores que integran la Asamblea Nacional.
La Mesa de Concertación Democrática pidió la investigación contra el magistrado de facto Rivas para que no quede en la impunidad y las autoridades castiguen «a todas las personas que malversan fondos públicos», según Cabistán.
