“La Policía Nacional no va a permitir la toma de ningún objetivo de seguridad”, fue la advertencia efectuada ayer por la directora de esa institución, primera comisionada Aminta Granera.
De previo, la jefa policial había referido que durante un proceso electoral todos los consejos electorales, sean municipales o departamentales, “se convierten y son de hecho objetivos de seguridad de la Policía”.
Aunque la funcionaria policial —quien se declaró obediente de lo que el presidente Daniel Ortega determine en la continuidad o no de ella al frente de la institución—, reconoció que hay un derecho constitucional para protestar.
Sin embargo —dijo Granera— “ese derecho termina con el derecho que tienen los ciudadanos de circular”.
“Yo tengo derecho de protestar, pero no tengo derecho de romperle el derecho a la tercera persona de circular libremente por las vías del país”, expresó Granera.
Las afirmaciones de Granera fueron efectuadas en clara alusión a las protestas que en los últimos días han realizado los ciudadanos por el reclamo de su derecho a obtener su cédula de identidad y que las expresiones mayoritarias han sido hasta ahora en San Fernando, Nueva Segovia y Siuna, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
“Seamos responsables, seamos sensatos (…) defendamos nuestros derechos sin atropellar los derechos de los demás y sin intentar violentar o hacer tomas de objetivos de seguridad que resguardan maquinarias y documentos que son vitales del proceso electoral, que estamos a punto de iniciar la campaña”, refirió Granera.
A criterio de una de las dirigentes del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Azahálea Solís, el mensaje de Granera “suena como un acto intimidatorio”.
A su vez, Solís calificó las palabras de la jefa policial como “un abuso”, debido a que a la fecha esa institución no tiene a ninguna persona detenida, después de una serie de hechos violentos en los que las organizaciones civiles han sido víctimas de seguidores del partido de gobierno.
QUE SEA SENSATA
“Yo llamaría a la comisionada a que ella sea sensata (..) porque está prestándose de manera abusiva, no hay ni un solo detenido por todas las cosas que nos han pasado”, reclamó Solís.
Refirió que el reclamo que hacen las diferentes organizaciones de la sociedad civil es por el incumplimiento a derechos ciudadanos, como obtener una cédula de identidad, a fiscalizar el proceso electoral, así como que se investiguen las denuncias existentes contra el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas .
“El llamado es a ella (a Granera) y a todas las autoridades a que sean sensatas, a que cumplan con su obligación”, apuntó Solís.
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Entre los que destacó están los sucesos violentos del 20 de septiembre de 2008 en León, donde dañaron vehículos. “Las imágenes allí están, el señor con el garrote y allí está sentado en la Alcaldía”, dijo Solís.
Mencionó también hechos como los ocurridos en noviembre de 2008 alrededor del Hilton Princess o la violencia desatada en abril del 2010 contra las instalaciones del Hotel Holiday Inn, que fue mortereado, así como el ataque a marchas del 2009.
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La dirigente del MAM recordó que la protesta es un derecho humano y el abuso sistemático que existe en Nicaragua como política publica a los derechos ciudadanos ha llevado a la población “al límite” de la situación. “Hay hartazgo de la sociedad por todos los abusos”, comentó la dirigente del MAM.
ACTUACIÓN DESIGUAL
Por su parte, el representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, reaccionó que “hasta donde nosotros sabemos la protesta de los jóvenes ha sido protesta cívica, dentro del marco de respeto a la Ley”.
El defensor de derechos humanos señaló que han observado a “otros grupos que han actuado de manera vandálica y en ese caso la Policía no actúa para garantizar el respeto de los derechos humanos y la seguridad de la gente”.
“Ojalá la Policía ponga orden, independiente de quiénes sean los que protestan”, expresó Carmona. El defensor de derechos humanos llegó a referir que se aprecia cómo los agentes “se ensañan” cuando participan ciudadanos de las organizaciones de la sociedad que reclaman por algún derecho violentado.
GRANERA JUSTIFICA PRESENCIA MILITAR
Granera, quien ayer se reunió con miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para abordar el tema de la seguridad en el campo, y en algunos casos en Managua donde la empresa privada impulsará algunas obras, también justificó la presencia del Ejército en San Fernando, Nueva Segovia y en Siuna (RAAN), alegando que no hubo intervención de los militares.
Aseguró que las alteraciones al orden ocurridas en esos lugares no se le ha salido de las manos a la Policía. Sin embargo, los militares armados con fusiles de guerra estaban apostados frente a la población que exigía sus cédulas.
“El Ejército colabora con la Policía Nacional en los planes de seguridad en el campo. El Ejército tiene también sus funciones dentro de los planes electorales, tiene por ley sus propias funciones en el proceso electoral (…) y que yo sepa, no ha tenido ninguna actuación. Tienen presencia (los militares) en los lugares donde ellos han estado, pero no han actuado, quien ha actuado es la Policía Nacional”, alegó Granera desesperadamente.
Según la jefa policial, la institución realiza el trabajo de resguardar el orden y la seguridad ciudadana “y confiamos que las distintas instituciones del Estado cumplan con el trabajo que a ellos les compete”.
NADA DIRECTA CONTRA TURBAS ORTEGUISTAS
Consultada sobre los planes contingentes de la Policía para evitar que “las turbas” agredan a ciudadanos que se manifiestan en paz, Granera respondió que la institución que dirige cuenta con un plan electoral, un plan de seguridad ciudadana, tiene un resguardo de objetivos electorales. También prometió brindar resguardo a los nicaragüenses que se movilicen durante la campaña electoral.
“Confiamos en la sensatez que ha tenido el pueblo de Nicaragua en las campañas anteriores y que sigamos con esta dinámica”, indicó Granera, asegurando que la meta es lograr que la campaña electoral que está por iniciar sea una fiesta cívica.
“Vamos a estar presentes como lo hemos estado, vamos a defender por encima de todo el derecho a la vida de los manifestantes de uno y otro partido, vamos a tratar de evitar violencia, que la actuación policial no genere más violencia en la calle”, prometió la jefa policial.
“Ese discurso tan bonito que dijo ella sería excelente que en la práctica lo aplique”, señaló Carmona, quien recordó que la Ley debe aplicarse de forma “pareja para todos”.
Carmona recordó la pasividad de la Policía cuando “turbas orteguistas” han agredido a los ciudadanos, pese a que el principal objetivo para esa institución debe ser garantizar la seguridad ciudadana y el derecho a la vida, “que es mucho más importante que quizá cubrir un objetivo de seguridad como ella lo llama”.
El representante de los derechos humanos dijo que así como la jefa policial llamó a la población a la sensatez “también debe ser sensata a no aceptar la propuesta del presidente (Daniel) Ortega”, para que ella continúe como titular de la Policía.
“Si ella acepta ese nuevo nombramiento estaría en un retroceso institucional (…) no vamos a perder de vista de que el día de mañana los objetivos de seguridad van a ser las casas departamentales del Frente Sandinista, porque ya se va a volver una Policía meramente partidaria”, dijo Carmona.
El representante del Cosep, José Adán Aguerri, opinó diferente de Carmona, pues le pareció muy acertada una continuidad de Granera.
(Con la colaboración de Tania Sirias)
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