Después de casi tres meses de ocurrido un incidente en el que se vieron involucrados policías de Rivas vestidos de civil y tres hombres tildados de “sicarios”, que dejó un muerto y tres lesionados, un informe de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) concluyó que “hubo exceso policial”.
El hecho sangriento se registró el pasado 20 de mayo en la comunidad de Las Banderas, Potosí, Rivas.
Según conoció la CPDH, los policías abrieron fuego sobre los sospechosos sin previa advertencia, cuando estos esperaban en un bar en la carretera a Rivas. Allí murió Simón Valle.
“Hay uso excesivo de la fuerza, hay una actitud fuera de lugar de la Policía y es obligación de la primera comisionada (Aminta Granera) ordenar una investigación, que se deslinden las responsabilidades del caso”, afirmó Pablo Cuevas, funcionario de la CPDH.
El activista de derechos humanos consideró que la situación presentada en Rivas “sienta un precedente peligroso en el actuar policial, los ciudadanos debemos de sentirnos protegidos por la Policía, no es correcto que primero se dispare y después se hagan las averiguaciones”.
Cuevas refirió que la Ley 228, Ley Orgánica de la Policía Nacional, establece los procedimientos que deben seguir los oficiales de la Policía en este tipo de situaciones. “Habla de identificarse, habla también de hacer uso de las armas solo en situación en que ellos sientan en riesgo su vida o en defensa, pero en el relato que ellos hacen ante la Fiscalía en ningún momento señalan que cuando ellos abordaron a los ciudadanos (estos) les dispararon o que ellos en alguna manera sintieron en riesgo su vida”, señaló Cuevas.
“Determinamos que hubo un mal proceder de parte de la Policía, hubo un irrespeto a la propia Ley 228, que solo se debe hacer uso de la fuerza cuando ellos sientan en riesgo su vida y en ningún momento ellos tuvieron en riesgo su vida”, reiteró Cuevas. LA PRENSA buscó la versión policial pero no fue proporcionada.
ALEGA EJECUCIÓN
La denuncia la presentó Isabel Karelia Valle, hija de Simón Valle. Sostiene que su padre “fue ejecutado”.
La versión que ofreció la denunciante ante la CPDH fue que Marcos Eduardo Guevara Vallejos, de nacionalidad costarricense, contrató los servicios de su progenitor y de su esposo Oscar Giovanni Rodríguez, para que lo trasladaran a un sitio donde había sido citado por una persona que le adeudaba un dinero, en concepto presuntamente por una hipoteca de una propiedad.
Valle refirió que según le ha comentado su cónyuge, que guarda prisión en el penal de Granada, esperaban en el sitio donde Guevara fue citado, cuando de pronto “comenzaron a rafaguearlos (desde) un carro de civil”.
Fue por ello, relató Valle, que sus parientes pusieron en marcha el vehículo en que se movilizaban con dirección hacia Rivas, y más adelante se desviaron por una trocha que los condujo a la comunidad de Las Banderas.
Los agentes de civil los alcanzaron porque le poncharon las llantas al vehículo. “Fue donde ejecutan a mi papá, hirieron al otro señor, mi esposo se logró esconder en una casa”, dijo Valle. Al salir la gente del lugar a verificar lo sucedido fue que los policías se identificaron, comentó Cuevas, quien lo corroboró con testigos en el lugar.
El caso aún es ventilado en los tribunales de Rivas. La Fiscalía acusó a Marcos Eduardo Guevara Vallejos y Oscar Giovanni Rodríguez Aráuz, considerados coautores de los delitos de conspiración para el asesinato en perjuicio de José Arnoldo Chamorro González y de portación o tenencia ilegal de armas de fuego y homicidio frustrado, en perjuicio del Estado de Nicaragua y de los policías Marvin Francisco González Ibarra, Ernesto Chamorro, Eric Martínez, Norberto López y Norlan Fonseca.
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