Tres días antes de que se radicara una demanda en el Condado de Dade, que toca directamente a la hija del presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, el jet matrícula N347GA viajó hasta Managua a territorio seguro.
Según el rastreo de vuelos, que se puede hacer en flightaware.com, el avión en que viaja Rivas y su familia salió el 8 de julio pasado del aeropuerto Miami Kendall, en el estado de la Florida, y se dirigió a la capital de Nicaragua hasta completar un periplo que duró dos horas y 15 minutos.
Desde entonces no sale a ninguna parte. El 11 de julio pasado una compañía, propiedad de los exproveedores del CSE, Mario Abel y Reynaldo Chow Pérez, reclamó el jet en una Corte del Condado de Dade, donde está prevista la primera audiencia el próximo 25 de agosto.
Los Chow demandaron a la compañía ACE AEI Inc., la propietaria de la nave, una sociedad anónima presidida por la hija del magistrado de facto, Stephanie Rivas Delgado, de 22 años.
Los contratistas aseguran que en los primeros días de agosto de 2008 tuvieron una reunión con Rivas, donde este les prestó 507,000 dólares para la compra del avión, mientras prometió pagarles las deudas pendientes del CSE con las empresas de los Chow.
En el caso del jet existe una petición de embargo de parte de Randall Nordlund, representante de los Chow en Estados Unidos.
El abogado dijo en un escrito, a la Corte, que se deben tomar las medidas preventivas debido a que “el demandado (Rivas) participa en una conducta inapropiada, lo que a su juicio podría colocar al avión en peligro de destrucción, ocultamiento, tratar de eliminar la competencia de ese tribunal, trasladar o vender el avión a compradores inocentes durante la tramitación de la acción judicial”.
Rivas retó a EE. UU.
Aunque Rivas no ha querido ofrecer una versión sobre el caso, ni personalmente ni a través de ningún vocero, cuatro días después que le notificaron la demanda judicial en el Condado de Miami-Dade, mandó lo que parece un mensaje a las autoridades de Estados Unidos cuando le preguntaron sobre el caso del diputado conservador Alejandro Solórzano, entonces bajo investigación en aquel país por supuestos actos criminales, los que finalmente fueron descartados.
“Como nicaragüenses en primer lugar no reconocemos jurisdicción de ningún otro país sobre las leyes nicaragüenses. El segundo elemento para mí es que nadie es culpable en tanto no se demuestre. Así que un hecho ocurrido fuera de Nicaragua para nosotros no significa nada”, dijo Rivas el 22 de julio pasado.
Jurista: el caso de Roberto Rivas es clásico
Para el exjuez Sergio García Quintero, uno de los más conocidos penalistas del país, se trata de un caso de enriquecimiento ilícito clásico.
“Ese enriquecimiento debería haber sido tratado, aún de manera de oficio por parte de la Fiscalía y la Contraloría General de la República”, instó García Quintero.
De acuerdo con el jurista, “bastaría con tipificar el enriquecimiento ilícito para darse cuenta que todo lo que se deriva de allí es una cuestión delictiva”.
“Ahora es importante esto del enriquecimiento ilícito, porque esto rompe la atadura y rompe los muros en cuanto a la obligación de la prueba. En este caso, cuando se indica que alguien se ha enriquecido ilícitamente, no es que se le tiene que probar eso, sino que él tiene que probar que el enriquecimiento que tiene es obtenido de manera legítima. En Nicaragua este es el delito más común que está existiendo entre la administración pública, personas que ganan 5 mil dólares mensuales aparecen ahorrando dos millones de dólares al año”, agregó el abogado.
