“Me mandó a llamar para amenazarme”

En una reunión a puertas cerradas, en los primeros días de agosto de 2008, el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, ofreció cancelar el pago de deudas pendientes con el empresario Mario Abel Chow Pérez, mientras le solicitaba que le prestara 507,000 dólares con los que compraría el jet matrícula N347GA.   
   
El pago de la deuda en el caso del préstamo por el avión sería efectuado a más tardar en febrero de 2009 y suponía el reconocimiento del 15 por ciento en concepto de interés, mientras tanto el título del bien estaría a nombre de Comercializadora del Caribe S.A. (Comercasa), propiedad de Chow Pérez y su hermano, Reynaldo Salvador.   
   
Estos son parte de los entretelones que el propio Mario Chow Pérez revela en entrevista con LA PRENSA, una vez que el pasado 11 de julio, Comercasa, antigua proveedora de materiales electorales del CSE, demandó en Estados Unidos a la compañía ACE AEI Inc., oficialmente la dueña del avión y presidida, para sorpresa de los demandantes, por la hija del funcionario, Stephanie Rivas Delgado.   

RIVAS LE PEDÍA PRESTADO DINERO  

Chow Pérez reveló este lunes que la confianza de Rivas con él era tal que ya, en el mismo 2008, el año de las elecciones del fraude, el magistrado le había pedido prestado otra suma de dinero que en ese momento no pudo darle.   

“En el pasado me solicitó 200 mil dólares pero en ese momento no tenía. (Rivas) Vendió unos vehículos. No me dijo para que lo quería (el dinero) y yo le dije que buscara a Finarca y habló con Bertha de la Peña (asistente de la presidencia del CSE) y le dijo que en Finarca estaban prestando dinero. En ese tiempo (el funcionario) estaba mal con las entidades financieras y no le prestaban plata”, narró el empresario en su vieja casa de Managua, actualmente en venta en la residencial Linda Vista.   

Según Chow Pérez, Rivas no le especificó con fondos de dónde le pagaría el préstamo para comprar la aeronave, pero “había una deuda institucional y me dijo que me la iba a pagar y hasta la fecha dice que no hay tal deuda. Me siento traicionado”, dijo secamente acompañado del abogado de sus empresas, el doctor Bismarck Araica.   

Araica añadió, explicando la posición de su cliente, que en términos legales Rivas ha faltado a su palabra y no ha honrado la deuda contraída con su cliente, lo que obligó a que iniciaran acciones legales en aras de recuperar el jet.   

El empresario, propietario de la compañía que proveyó material electoral en 2008, entre ellos la tinta indeleble, habló de una relación de confianza con Rivas, quien es presidente del CSE, legalmente y de facto después, desde el 4 de febrero de 2000.
   

LA VIEJA RELACIÓN QUE TERMINÓ MAL  

El antiguo proveedor explicó que ellos tenían contacto en México y China para proveer materiales electorales una relación de trabajo que el abogado Araica defiende en el sentido de que la ley de contrataciones del Estado planteaba que “las compras deberían de hacerse a nivel nacional”.   

 «Como había una confianza mutua y además un magistrado te da la palabra, uno accedió”, añadió Chow Pérez, minutos antes de relatar el último encuentro con Rivas el pasado 28 de julio.   

Aquel día de finales de julio pasado, Chow Pérez y su hermano Reynaldo recibieron una invitación. Deberían asistir a las oficinas de la sede del CSE en Metrocentro. El magistrado quería hablar con ellos, pues estaba ya informado de la demanda en Estados Unidos.
   
 Pero antes de entrar al salón, según Mario Chow Pérez, por lo menos diez policías permanecían en el pasillo mientras los obligaron a dejar la cartera y los teléfonos celulares. Minutos antes de que Rivas hiciera su entrada, el empresario escuchó una voz desde un radio policial. Era un oficial.   

LA SEGURIDAD DE RIVAS   

“‘¿Ya puede acercarse el magistrado, ya está lista la sala?’ llamaron preguntando. Cuando (Rivas) llega, llega con el doctor Winston Betanco, el abogado del cardenal Miguel Obando, Betanco hijo y un señor”, describió Chow Pérez.   
 
Lo que oyó fueron amenazas y una frase que le resuena en el oído. “Me mandó a llamar para amenazarme. Él está informado. Me dijo que podía influenciar y que me podía ir a quejar donde quisiera y que él iba a demostrar que esa plata era de él”, sostuvo.   

Rivas llamó supuestamente “actividades delincuenciales” a todas las gestiones que Chow Pérez y su equipo jurídico hacen para recuperar el dinero.   

“Siempre le hemos cobrado. Nos intervienen teléfonos, saben cómo estoy, me manejo a pie, saben a donde voy, qué hago, es una cuestión de atemorizar a la gente. Estoy buscando cómo defender mis derechos. No le he pedido nada, le estoy cobrando lo que es de nuestras empresas, el futuro de nuestros hijos. Él (Rivas) se está extralimitando en sus funciones como magistrado”, dijo.   

RIVAS PIDE TIEMPO EN EE. UU.   

En Managua, por tercer día consecutivo, el vocero del CSE, Félix Navarrete, no respondió a ninguna solicitud de entrevista ni tampoco compareció en los medios del oficialismo para ofrecer la versión de Rivas sobre esta demanda.   

Sin embargo el abogado defensor de ACE AEI Inc., en Miami, W. Steven Adams, sometió una moción en la Corte en la que solicita una ampliación de tiempo de 20 días, para estudiar el caso y responder a la demanda.    Alega que en el momento que fue sometida la misma (11 de julio), él se encontraba de vacaciones.   
 
La primera audiencia fue programada para el 25 de agosto, a las 10:00 a.m., en la Corte del Condado. Ambas partes se pusieron de acuerdo. La juez que conocerá del caso es Amy Steel Dooner.   

Las indagaciones realizadas por el abogado de Chow en Estados Unidos, Randall Nordlund, confirman una investigación realizada el año pasado por LA PRENSA en relación a cómo Rivas obtuvo su jet.   

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