Intentar auxiliar con agua, jugos y hasta gorras a los sudorosos promesantes de Santo Domingo, en su regreso a Las Sierritas, como aseguran fue la intención, tuvo un alto costo para los seguidores del candidato a la presidencia, por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Enrique Quiñónez.
Esto no solo por los dos heridos de bala y por otros golpeados a pedradas, sino por la advertencia policial de que hará cumplir las prohibiciones del comunicado previo a las celebraciones de las fiestas religiosas.
Una de las prohibiciones es que no se debía portar armas de fuego.
LO QUE LA POLICÍANO INCLUYE
Los heridos de bala según la Policía son José Dolores Almendárez y Erick Antonio Canales, quienes son seguidores de Quiñónez, así como otras tres personas lesionadas a pedradas. No incluye a Saúl Mora, del llamado grupo Juventud por el Cambio y a Moisés Thomas, agredidos a pedradas. En esto tampoco incluyó la Policía los vehículos dañados y el saqueo que se generó tras la trifulca ocurrida frente al Quetzal.
Según la información preliminar de la Policía que leyó anoche el jefe de Relaciones Públicas de la institución, comisionado mayor Fernando Borge, el hecho de que desde la tarima los activistas de ALN repartieran agua, refrescos y gorras con propaganda, generó “un ambiente de irritación”, que pasó de ofensas verbales al lanzamiento de bolsas de agua y piedras “entre los miembros de la tarima y parte de los feligreses que avanzaban en la procesión”.
Para el candidato a diputado por la alianza PLI, Mauricio Díaz, no se debe mezclar el tema político con una celebración religiosa. “Así como me opongo a que el Frente Sandinista haga uso de los símbolos religiosos, de los mensajes de la Iglesia católica, personalmente también me opongo a que cualquier partido político intente utilizar una actividad religiosa a favor de su campaña”, dijo Díaz. Además, indicó que es necesario que haya tolerancia por parte de todos los sectores sin distinción.
Los agredidos como Leonor Martínez, difieren de la versión policial que se tratase de promesantes quienes los atacaron: “Estábamos en la tarima nosotros cuando ellos empezaron a insultarnos y hasta a tirarnos piedras y hacer disparos”.
“Esa es una zanganada (…) no pueden respetar, ¿cuál amor de lo que dicen? no predican lo que hacen, eso no es amor”, manifestó Martínez.
QUIÑÓNEZ RESPONSABILIZA A LA POLICÍA
Momentos después de ocurridos los sucesos, Quiñónez responsabilizó a la Policía de no haber actuado. Según éste, fueron agredidos “a vista y paciencia de la Policía Nacional que no hizo absolutamente nada”.
“Lo triste es que había niñas, niños, mujeres y personas adultas allí esperando al Santo, pero fuimos salvajemente agredidos”, afirmó Quiñónez.
La información escrita y que fue leída por Borge señala que el subcomisionado Juan García —quien había llegado de refuerzo al solicitarlo la capitán Maura Escobar, supervisora del plan—, observó a “una persona en el centro de la calle disparando con un arma de fuego, en posición horizontal de sur a norte”.
En ese momento García persiguió a esa persona que supuestamente estaba disparando horizontalmente.
En la historia de la trifulca relatada según la Policía Nacional, a García se suma el segundo jefe de Managua, comisionado mayor Luis Barrantes, quienes interceptan una camioneta en las inmediaciones del Canal 23, detienen a Edwin Antonio Altamirano (33 años), escolta de Quiñónez, quien reconoció haber disparado.
ALN DENUNCIA PERSECUCIÓN DE AGENTES
Un comunicado de la ALN indica que una vez que trataron de retirarse de la trifulca, el jefe de campaña Álvaro Somoza Urcuyo y un grupo de seguidores de ALN fueron perseguidos por agentes de la Policía dirigidos por Barrantes, “quien con arrogancia y prepotencia ultrajó” a la familia de Quiñónez.
Borge advirtió: “Aplicaremos las sanciones correspondientes por ese abierto desacato”, al comunicado emitido el pasado 30 de julio que establecía algunas prohibiciones, entre estas la portación de armas de fuego.
“En el momento en que la Policía establece medidas, deben ser acatadas (…) no importa si se trata de periodista, de un sacerdote, de un empresario, un político, cualquier persona, particular, todos estamos obligados a respetar la autoridad legalmente constituida en el país”, sostuvo Borge.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,7 A
