Como una práctica “muy peligrosa” para la Policía Nacional se puede convertir el remitir a la Contraloría General de la República (CGR), las diligencias que efectúa en casos sospechosos de corrupción en instituciones del Estado, como sucedió con el robo de 700 láminas de zinc en el Sistema Nacional de Atención para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (Sinapred ).
La advertencia la hicieron el secretario de Asuntos Laborales de la Federación de Trabajadores del Servicio público (Fedetrasep), Álvaro Leiva Sánchez, y el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, quienes expusieron su preocupación de que esto pueda llevar a la impunidad.
“Lo que nosotros miramos es que esto es una práctica no procedente de parte de la Policía Nacional, lo que es muy peligroso, porque si no se le pone la debida atención, se pueden quedar en impunidad muchos casos de perjuicios contra los intereses económicos del Estado”, sostuvo Leiva Sánchez.
Por su parte, Carmona dijo: “Nos preocupa que la Policía Nacional se vuelva cómplice de estos robos que cometen los funcionarios públicos; hemos venido señalando la falta de institucionalidad, de profesionalismo de la Policía”.
Las láminas de zinc fueron robadas de las bodegas de Sinapred, que se encarga de distribuir el material para que luego sean entregadas en las zonas más vulnerables del país.
De acuerdo a la publicación del 5 de agosto de LA PRENSA, las pesquisas de la Policía Nacional les llevó a determinar que las láminas de zinc del programa Plan Techo, que ejecuta el gobierno de Daniel Ortega, eran robadas para luego ser vendidas en Honduras.
A su vez, se conoció que los implicados en el caso también compraban los bonos a las personas encargadas de entregarlos en los municipios y así retiraban el zinc para luego venderlo.
El pasado 9 de julio LA PRENSA publicó lo relacionado a la creación del Sistema de Anticorrupción Interinstitucional (SAI), que comprende el manejo de una base de datos sobre casos sospechosos del delito de corrupción en instituciones estatales. El mismo lo rectoreará el Ministerio Público pero participan también la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Nacional.
En ese momento, Rosales explicó que el año pasado concluyó con 200 casos vinculados con corrupción, los que ocurrieron entre 2009 y 2010, y están relacionados con gobiernos anteriores.
La funcionaria aclaró que el proceso es lento, y han comenzado por los casos anteriores. “Es decir, todos los casos que ya están en proceso y de último se van a incorporar, los que están todavía en investigación”, explicó Rosales. Sobre los dos casos más recientes, el de la DGI y el del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) —en este último se vinculó a funcionarios con ingreso de un arma de fuego con la que fue ultimado un reo narco—, aún no hay ninguna información, dijo Rosales.
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Y fue por ello que, en muchos casos el material nunca llegó a manos de los beneficiarios, según las autoridades de León, que calificaron el hecho como hurto agravado.
NI ÉL MISMO SE LO CREE
Sin embargo, la explicación que ofreció el jefe de Relaciones Públicas de la Policía, comisionado mayor Fernando Borge, fue de que como parte “de las funciones preventivas e investigativas” que esa institución realiza en las distintas instituciones del Estado, fue que realizó “indagaciones sobre los procedimientos” que desarrollan en Sinapred .
“Como resultado de esas diligencias realizadas se llegó a la determinación de remitirlas y ponerlas a la orden de la Contraloría General de la República, porque es el organismo rector del sistema de control y fiscalización de los bienes y recursos del Estado”, fue la explicación del vocero policial sobre la desacertada decisión.
NO HAY DETENIDOS
Borge confirmó lo que LA PRENSA publicó el pasado sábado. Los detenidos inicialmente como sospechosos por ese delito fueron liberados.
El principal sospechoso en el caso es Jorge Ramírez, el hijo del que hasta la semana pasada fue el secretario ejecutivo del Sinapred, Jorge Rafael Ramírez.
LA PRENSA publicó ayer que de forma extraoficial conoció que Jorge Ramírez (hijo) nunca estuvo detenido. Y que supuestamente a cambio de no iniciar un juicio penal en su contra, la primera dama Rosario Murillo, le habría exigido a su padre la renuncia al cargo en Sinapred.
“No hay personas detenidas, se realizaron una serie de diligencias que son propias de la Policía con el fin de documentar, de ilustrar, para tener elementos que le permitan a la Contraloría como órgano encargado de rectorear el control y fiscalización de los bienes, de los recursos del Estado; a ellos les corresponde proceder en base a las facultades que les confiere la ley”, explicó Borge.
LA PRENSA trató de abordar a los detenidos tras una investigación policial, quienes posteriormente fueron puestos en libertad, sin embargo, estos rehusaron referirse al tema. Tres de los seis que fueron arrestados por la Policía de León residen en sectores aledaños. Dos de ellos en Masaya y uno en La Concepción, Masaya.
Uno de ellos habló de forma extraoficial, y un tanto ofuscado por las publicaciones periodísticas que lo mencionaron como uno de los detenidos y alegó su inocencia. El hombre indicó que él únicamente fue contratado como conductor para trasladar una carga.
El mencionado en la investigación señaló que cuando la Policía le pidió los documentos del zinc, la persona que lo acompañaba en ese momento en el camión, respondió que quien los portaba iba adelante de ellos.
POLICÍA PIERDE CREDIBILIDAD, DICE LA CPDH
El vocero policial evitó referirse si este caso correrá igual suerte que el expediente sobre las investigaciones en la Dirección General de Ingresos (DGI), donde pese a existir amplias sospechas de corrupción, el extitular Walter Porras, nunca fue citado a declarar a la Policía.
Para Carmona, con esto “lo que hace la Policía es una pantomima” e incentiva a los delincuentes para que sigan cometiendo abusos.
“La Policía ya perdió credibilidad, o ese rol de hacer una investigación, de no quedarse en la parte administrativa sino usar los canales como es la Fiscalía”, refirió el activista de derechos humanos.
Leiva Sánchez dijo que en este tipo de casos el Ministerio Público de manera autónoma y “en cumplimiento del deber de perseguir el delito”, debería retomar el caso.
Agregó que hay otras denuncias de presunta corrupción, como el de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) y el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), que no han sido investigadas realmente.
Carmona estimó que, en este caso, también atentaron contra los derechos humanos de las familias que no fueron beneficiadas con las láminas de zinc.
Sin embargo, el representante del organismo de derechos humanos expresó que tiene la certeza de que el principal sospechoso del robo no será investigado. “Estoy seguro que si fuera alguna persona que no tiene privilegio, de ser hijo de fulano de tal, (ya) le habrían procesado”, sostuvo Carmona.
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