La salida de soldados del Ejército de Nicaragua para “calmar” la crisis vivida estos días en el municipio de San Fernando, Nueva Segovia, representa un “precedente terrible” en contra de los derechos ciudadanos, según expertos en temas de seguridad y defensa nacional.
“Se está haciendo demasiado amplio el abanico de oportunidades para sacar el Ejército a las calles y este es una institución militar que no existe para establecer consensos con la población, sino para (hacer) obedecer”, dice la directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Claudia Pineda.
Para el general en retiro, Hugo Torres, la única razón que explicaría esa salida es que Inteligencia Militar sepa del “ataque inminente” de algún grupo armado.
Pero Pineda y Torres coinciden en que la razón real del Gobierno de Daniel Ortega es utilizar al Ejército para atemorizar a la población que reclama sus derechos.
LANGRAND: “EJÉRCITO ES INSTRUMENTALIZADO”
El diputado opositor Carlos Langrand, miembro de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernabilidad y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, valoró por su parte que la salida de militares a las calles es “un uso desmedido de fuerza”, que para él evidencia “la instrumentalización del Ejército para atemorizar a los ciudadanos que reclaman sus derechos”.
- La directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Claudia Pineda, aseguró que los episodios de violencia ocurridos en el municipio de San Fernando y los reclamos en otras zonas del país se evitarían si las autoridades electorales fueran diligentes y el proceso de cedulación no se prestara a manipulaciones.
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Según Torres, si el Ejército tuviera razones militares para salir a las calles “estaría en la obligación de explicarlas para dar calma a la gente, y no callar y generar tensión”.
Langrand aseguró que uno de los malestares de la población es que “hay organizaciones paraestatales del Frente Sandinista, como los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que han suplantado al Consejo Supremo Electoral (CSE) en el proceso de cedulación, negando así el derecho a un documento de identidad a la población que no simpatiza con el presidente Ortega”.
“Y eso no solo ocurre en ese municipio, sino en todo el resto del país”, subrayó.
ATEMORIZAR A LA GENTE
La directora ejecutiva del IEEPP también aclaró que para la salida del Ejército a las calles hay leyes específicas que regulan las condiciones y procedimientos para esta medida. “Pero este no es el caso, porque no se trata de ninguna situación de emergencia o desastre natural, ni de régimen de fronteras o seguridad nacional”, explicó.
Pineda advirtió que “es sumamente peligroso sacar al Ejército por asuntos de orden público, que no tienen que ver con razones de orden militar”, pues aseguró que “no se justifica desde ningún punto de vista la salida del Ejército por un asunto de carácter político (en contra) de un grupo que exige un derecho ciudadano ”.
“Es un precedente terrible que por exigir un derecho ciudadano el Ejército salga a las calles (…) Ante una demanda de derechos de la ciudadanía es una señal de que el monopolio de la violencia va a ser usado contra aquellos que quieran demandar derechos ciudadanos”, detalló.

PARA NO VOTAR
El también miembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Hugo Torres, cree que Ortega trata de atemorizar a la población mandando al Ejército a las calles porque “el presidente sabe que la mayoría lo adversa y quiere que la gente no vote”.
“Por eso le niega las cédulas a la población independiente, por eso pone un costo alto a un documento que no solo sirve para votar sino para identificarte, para realizar cualquier trámite, y cuando la gente sale a reclamar envía a sus fuerzas de choque, a la Policía y ahora al Ejército”, sostuvo el general en retiro.
Según Torres, “el mensaje que se manda es que no se puede protestar y solo aquí se ve que por reclamar tu cédula te repriman, lesionen y salgan la Policía y el Ejército a defender a los otros”.
Torres responsabilizó a Ortega y al magistrado electoral de facto, Roberto Rivas, por los hechos violentos ocurridos en San Fernando y del malestar por la falta de cedulación que mantiene la alerta sobre otros municipios.
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